La Legislatura de Santa Fe analiza un proyecto de ley que busca declarar a toda la provincia como un territorio libre de discursos de odio. La propuesta apunta a fortalecer la convivencia democrática mediante herramientas de prevención, concientización y sanción para quienes promuevan expresiones discriminatorias o violentas.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial, plantea la incorporación de nuevas disposiciones dentro del Código de Convivencia y establece mecanismos destinados a desalentar conductas consideradas lesivas para la dignidad de las personas y los derechos humanos.
Qué contempla la iniciativa
El proyecto establece una definición amplia de discurso de odio, incluyendo expresiones verbales, escritas, audiovisuales, simbólicas o digitales que promuevan, justifiquen o fomenten situaciones de discriminación, hostilidad, violencia o menosprecio hacia individuos o grupos.
La propuesta abarca manifestaciones vinculadas a cuestiones raciales, étnicas, religiosas, de género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad, condición socioeconómica, estado de salud y otras características personales.
Según los fundamentos del texto, estas expresiones pueden afectar la convivencia social y generar escenarios propicios para actos de violencia o exclusión.
Multas de hasta $8 millones
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la incorporación de un nuevo artículo al Código de Convivencia provincial que habilita la aplicación de sanciones a quienes incurran en conductas tipificadas como discursos de odio.
Las multas podrían alcanzar los 60 jus, una cifra que actualmente equivale a cerca de 8 millones de pesos, aunque el monto puede variar de acuerdo con las actualizaciones del valor de esa unidad de referencia.
Como alternativa a la sanción económica, el proyecto contempla la posibilidad de reemplazar la multa por la realización de cursos de formación y abordaje interdisciplinario relacionados con la temática.
Campañas de prevención y concientización
Además de las sanciones, la iniciativa promueve la implementación de campañas educativas orientadas a fomentar el respeto, la inclusión y la convivencia democrática.
Las acciones estarían dirigidas a toda la población, con especial atención en los entornos digitales y redes sociales, espacios donde suelen registrarse gran parte de los mensajes discriminatorios o violentos.
La autoridad encargada de coordinar estas políticas sería el Ministerio de Cultura provincial o el organismo que en el futuro asuma esas competencias.
El debate continúa en la Legislatura
La propuesta deberá continuar su tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. Durante ese proceso podrían incorporarse modificaciones, precisiones o cambios en algunos de sus artículos.
El proyecto abre además un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la prevención de la discriminación y el rol del Estado frente a los discursos que puedan generar violencia o exclusión social.
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