La Cámara de Senadores fue hoy el escenario de un encuentro determinante para el futuro del espacio público en la provincia. Cuatro ministros del gabinete de Maximiliano Pullaro se reunieron con legisladores oficialistas para terminar de pulir el proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio santafesino.
Del cónclave participaron los ministros Fabián Bastía (Gobierno e Innovación), Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano) y Pablo Olivares (Economía). El objetivo principal fue saldar las dudas operativas que habían postergado el tratamiento de la iniciativa la semana pasada.
Ejes del debate: seguridad y logística
La mayor preocupación del Ejecutivo radica en la factibilidad operativa de la norma. Según trascendió, el intercambio se centró en tres puntos críticos:
Recursos Policiales: La cantidad de agentes que deberán destinarse a operativos de control permanente para evitar que la prohibición sea una “letra muerta”.
Capacidad Carcelaria: La disponibilidad de plazas en el Servicio Penitenciario para cumplir con las penas de arresto de 5 a 15 días que prevé la reforma del Código de Faltas para reincidentes o estructuras organizadas.
Financiamiento: La definición de las partidas presupuestarias necesarias para sostener tanto el control de calle como los programas sociales de acompañamiento.
Próximos pasos
Tras este intercambio, el oficialismo busca “cerrar filas” para que el proyecto obtenga media sanción en el Senado este mismo jueves o en la sesión subsiguiente. De lograr el consenso, la provincia de Santa Fe contaría con una herramienta unificada para que los municipios —como Rosario y Santa Fe Capital— puedan erradicar definitivamente una práctica que, según los fundamentos de Seisas, se ha convertido en una “industria del apriete” en zonas gastronómicas y eventos masivos.
El proyecto propone un cambio de paradigma
Prohibición total: Se declara ilegal el ofrecimiento o realización de tareas de cuidado, reserva de espacio o lavado de vehículos a cambio de dinero en la vía pública, sin importar si el pago es consensuado o no.
Intervención directa: La policía podrá actuar ante la sola presencia de la actividad, sin necesidad de que exista una denuncia previa por extorsión o amenazas.
Reinserción Laboral: Para quienes no tengan antecedentes violentos, se propone un Portal Web de Intermediación Laboral y un régimen de incentivos para empresas. El Estado provincial financiaría durante un año el 60% del salario mínimo de los cuidacoches que sean contratados formalmente.
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