El debate legislativo por el proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches vuelve a tensar la relación entre ambas cámaras de la Legislatura santafesina. Mientras el Senado avanza con la intención de insistir con la iniciativa ya aprobada, Diputados introdujo modificaciones que podrían forzar un nuevo ida y vuelta parlamentario.
En este escenario, la discusión no se limita al procedimiento legislativo. También abre un conflicto de fondo sobre el enfoque elegido para abordar una problemática que combina conflictividad urbana, vulnerabilidad social y respuestas estatales centradas en el sistema penal.
En diálogo con Amanacer no es poco, la abogada especialista en Derecho Penal, Jaquelina Balangione analizó el recorrido parlamentario de la iniciativa y puso el foco en el contenido del proyecto, que aborda situaciones vinculadas al uso del espacio público y la seguridad urbana, como el caso de los llamados “trapitos”.
El debate legislativo y el rol del Estado
Para Balangione, el eje de la discusión excede lo estrictamente legislativo y expone una forma de intervención del Estado frente a problemáticas sociales complejas.
En este sentido, advirtió que la respuesta basada en el endurecimiento penal no logra resolver los conflictos de fondo: “Siempre la misma respuesta de acudir al derecho penal, de ampliar el derecho penal, no soluciona los problemas, porque los problemas no son penales, los problemas son sociales”, sostuvo.
Si bien reconoció la preocupación social por situaciones de violencia o extorsión en espacios públicos, cuestionó que la respuesta se limite al endurecimiento de sanciones, planteó que el sistema penal aparece como una herramienta de última instancia, no como solución estructural.
“El derecho penal interviene cuando el hecho ya sucedió, el Estado debería trabajar para que los hechos no ocurran” sentenció.
También, se refirió al impacto práctico de este tipo de iniciativas, “vamos a tener más presos, pero el problema va a seguir porque las causas no se resuelven”, concluyó.
Finalmente, señaló que el fenómeno de los cuidacoches está atravesado por factores como la exclusión social y la falta de acceso al trabajo, y pidió que el debate incluya alternativas más integrales que no dependan exclusivamente de la sanción penal.
En esa línea, remarcó que muchas de estas situaciones están atravesadas por la exclusión social, la falta de empleo y la ausencia de políticas públicas integrales, por lo que insistió en que el derecho penal debería ser la última instancia de intervención del Estado.
“El problema no se resuelve con más derecho penal, sino con políticas que ataquen las causas”, fue el eje de su planteo en el análisis del debate legislativo.
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