Este jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción un proyecto de ley presentado por la diputada Ximena García que fija los presupuestos mínimos para la tenencia, cría, adiestramiento y circulación de perros considerados peligrosos.
“Estamos lamentablemente acostumbrados a escuchar episodios trágicos que dejan cicatrices emocionales y físicas en las familias. Necesitamos herramientas para que estas situaciones no se repitan con la misma gravedad”, explicó la legisladora en exclusivo por la Nueva Nueve.
La iniciativa establece la creación de un Registro Provincial de Propietarios, Criadores y Tenedores, que incluirá la identificación con microchip, datos de vacunación y antecedentes de comportamiento. Además, obliga a los dueños a contratar un seguro de responsabilidad civil para responder ante eventuales daños.
Bozal, correa y sanciones
Según el texto, los perros deberán circular con bozal y correa de no más de un metro de extensión, y el adiestramiento solo podrá realizarse por entrenadores registrados. Asimismo, queda prohibido reforzar la agresividad o promover peleas entre animales.
“Cada uno puede tener el perro que quiera, no buscamos estigmatizar razas. Pero quienes decidan tener animales con mayor capacidad de daño deben asumir responsabilidades distintas para garantizar la convivencia ciudadana”, sostuvo García.
La lista de razas incluidas contempla pitbull, rottweiler, doberman, dogo argentino, fila brasilero, presa canario, bullmastiff, mastín napolitano, entre otras. También podrán sumarse mestizos u otros ejemplares con antecedentes de ataques.
El proyecto prevé sanciones económicas para quienes incumplan con la inscripción en el registro, la contratación del seguro o el uso de bozales y correas.
Próximos pasos
La diputada señaló que ahora será el Senado el que deberá tratar la iniciativa. “Hemos hablado con varios senadores y hay consenso en que es necesario avanzar rápido sobre este tema” anticipó.
Si la ley es sancionada, Santa Fe se sumará a provincias como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y Buenos Aires, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cuentan con normativas de este tipo.
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