La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 240/26, que busca adaptar el trabajo de la Defensa Pública al nuevo escenario jurídico y reforzar las garantías de los jóvenes que atraviesen procesos penales. La Ley Nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 17 años.
Qué dispuso la Defensa Pública de Santa Fe
La resolución establece una serie de medidas destinadas a fortalecer la defensa técnica especializada y garantizar que las intervenciones respeten los estándares constitucionales y convencionales aplicables a niños, niñas y adolescentes.
Entre las principales líneas de trabajo aparecen la capacitación de los integrantes del organismo, el seguimiento de los dispositivos de responsabilidad juvenil y el fortalecimiento de las herramientas destinadas a brindar asistencia jurídica efectiva.
La normativa también pone el foco en mecanismos de justicia restaurativa y en alternativas que permitan resolver conflictos sin recurrir necesariamente a respuestas basadas en el encierro.
La privación de libertad como último recurso
Uno de los principios destacados por el Ministerio Público de la Defensa es que la privación de libertad debe utilizarse como una medida excepcional.
La Resolución 240/26 incorpora como pautas de actuación la mínima intervención, la proporcionalidad, el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el principio de especialidad.
De esta manera, los defensores deberán evaluar cada situación bajo criterios que contemplen tanto las características del proceso penal como los derechos específicos de los adolescentes.
El organismo también dispuso un monitoreo de los dispositivos vinculados con la responsabilidad penal juvenil, con el objetivo de fortalecer el control sobre las condiciones en las que se desarrollan las medidas aplicadas a los jóvenes.
Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil
La Ley 27.801 reemplazó el esquema que regía desde 1980 y estableció un sistema penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
La reforma redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y creó un régimen diferenciado para esta franja etaria. La ley establece además que la respuesta estatal debe orientarse hacia la responsabilidad por los actos, la educación, la resocialización y la integración social.
El nuevo sistema contempla distintas medidas y sanciones según las características y gravedad de cada caso. También establece límites específicos para las penas y prohíbe la prisión y la reclusión perpetuas.
Santa Fe ya había avanzado en una política de defensa especializada
La Resolución 240/26 no constituye una medida aislada. Desde el Ministerio Público de la Defensa señalaron que forma parte de un proceso de trabajo que comenzó con la incorporación de la defensa técnica especializada en materia penal juvenil a partir de la Ley Provincial 14.228 y la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe.
En ese recorrido también se encuentra la Resolución 83/25, que incorporó estándares internacionales vinculados con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes como pautas para la actuación de la Defensa Penal Juvenil.
A esto se sumó la Resolución 239/26, mediante la cual el organismo adhirió a reglas y declaraciones iberoamericanas relacionadas con la justicia penal juvenil restaurativa.
El desafío de implementar el nuevo régimen
La entrada en vigencia de la Ley 27.801 implica un cambio significativo para el sistema de justicia argentino y exige adaptar procedimientos, instituciones y operadores a las nuevas reglas.
En ese contexto, la Defensa Pública tendrá un papel central en el control de las garantías de los adolescentes sometidos a procesos penales.
Para Santa Fe, la Resolución 240/26 establece el marco de actuación con el que el organismo buscará afrontar esta nueva etapa, con especial atención a la defensa especializada, la capacitación profesional, el monitoreo de los dispositivos juveniles y la búsqueda de respuestas alternativas al encierro.
