La diputada de Río de Janeiro Renata Souza presentó este lunes un pedido de juicio político contra el gobernador Cláudio Castro por su presunta responsabilidad en el Operativo Contención, que dejó más de 121 muertos en los complejos Penha y Alemão. La legisladora acusó al mandatario de violar la Constitución y de “gobernar sobre el miedo y la impunidad”.
La iniciativa, ingresada ante la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), busca la destitución de Castro por “no respetar el estado de derecho democrático” durante el megaoperativo policial realizado la semana pasada.
“¡Destitución ya! Día histórico hoy en ALERJ: se presentó la solicitud de destitución contra el gobernador Cláudio Castro. Nadie puede seguir viviendo con miedo e inseguridad en las calles. ¡Río quiere paz!”, publicó Souza en su cuenta de X, al anunciar la medida.
El pedido se enmarca en un contexto de creciente presión política y social tras la operación conjunta de las policías civil y militar, considerada la más mortífera en la historia de Brasil, que dejó más de 121 fallecidos, entre ellos cuatro agentes. La ONU y organizaciones de derechos humanos reclamaron una investigación independiente sobre los hechos.
Castro, por su parte, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y calificó la operación como un “éxito contra el crimen organizado”, al afirmar que “las únicas víctimas reales fueron los policías asesinados”.
Amplio respaldo popular a la operación policial en Río de Janeiro
Una encuesta de AtlasIntel reveló que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba el operativo contra el Comando Vermelho, pese al saldo trágico. El estudio, realizado entre el 29 y el 30 de octubre a 1.527 residentes, muestra además que el 62,2% de los cariocas en general también respalda la acción policial.
Según el relevamiento, el 62,3% de los encuestados consideró “adecuado” el nivel de violencia utilizado, frente al 34,4% que lo juzgó “excesivo”. Entre los habitantes de las favelas, el apoyo a la violencia policial fue aún mayor: 89,5% la avaló y solo 10,5% la cuestionó.
El 51,7% de los consultados afirmó que el número de muertos “refleja la mejor forma de combatir el crimen”, mientras que el 37% interpretó los operativos como una maniobra política. Al ser consultados sobre la identidad de las víctimas, el 65,1% las consideró criminales, cifra que ascendió a 88,8% entre los residentes de las favelas.
Los datos reflejan una polarización profunda en la sociedad carioca: mientras sectores políticos y organismos internacionales denuncian una “masacre de Estado”, buena parte de la población, incluidos los propios habitantes de las favelas, ve en el accionar policial una respuesta legítima al avance del narcotráfico.
Fuente: Ambito
