Trece personas -cuatro ciudadanos colombianos y el resto, argentinos- fueron detenidas entre fines de octubre y principios de noviembre e indagadas en los últimos días por el Juzgado Federal N°3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, imputadas de integrar una organización dedicada al contrabando de estupefacientes mediante la utilización de avionetas y rutas aéreas no autorizadas, y de llevar a cabo el lavado del dinero proveniente de esa actividad, entre otros delitos. Los procedimientos tuvieron como resultado el secuestro de tres avionetas -que habrían sido utilizadas para trasladar la droga desde países limítrofes-, teléfonos celulares, equipos de geolocalización, computadoras y dinero en efectivo.
La investigación que derivó en las detenciones fue realizada por la Fiscalía Federal Nº3 de Rosario, a cargo de la fiscal Adriana Saccone, junto a la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia, los fiscales coadyuvantes Martin Gambacorta y Santiago Alberdi, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) -a cargo del fiscal federal Diego Iglesias y con la intervención de los fiscales coadyuvantes Martín Uriona, Matías Scilabra y Santiago Alberdi -, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco y el fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina.
Los procedimientos tuvieron lugar entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre pasados y se comprobó que una de las aeronaves -secuestrada luego de su aterrizaje en un hangar privado- presentaba una ruta en curso en GPS desde el Estado Plurinacional de Bolivia.
De acuerdo a la investigación, la organización tenía como finalidad principal el desarrollo de diferentes maniobras vinculadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en particular, cocaína-, en sus diferentes etapas (obtención, traslado y distribución comercial), como también la realización de otras conductas delictivas con el objeto de darle apariencia lícita a los bienes producidos como consecuencia de la actividad criminal principal.
El caso
La causa judicial tuvo su origen en agosto de 2020, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional se presentaron en una zona rural de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, en el momento en que dos personas esperaban un cargamento de estupefacientes a través de avionetas. Los sospechosos intentaron escapar y protagonizaron un siniestro vial que les produjo la muerte.
A partir de ese episodio, se llevaron a cabo distintas tareas de campo, análisis de información e intervenciones telefónicas que permitieron individualizar a los integrantes del grupo y los roles desplegados por cada uno.
En ese contexto, también se logró determinar la vinculación de la organización con un hecho criminal ocurrido el 18 de junio de 2021 en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, cuando fueron hallados dentro de un vehículo estacionado en una cochera 391,920 kilogramos de cocaína. En el caso fueron condenados este año Gustavo Daniel Núñez y Sebastián Osvaldo Romera.
A lo largo de la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal se pudo corroborar que la organización estaría dirigida por B.W.B., quien fue identificado con diferentes apodos, tales como “Negro” o “Paturuzec”, e integrada por diferentes personas a las que les fueron asignados diferentes roles y tareas.
Según surge del dictamen fiscal, la organización operó al menos desde abril de 2019 y se encuentra integrada por B.W.B. -en carácter de “líder” u “organizador”-, W.A.B., M.J.M., M.M.Z., A.R.N., D.C.DM., P.J.R., J.R.C., T.A.G., G.U., M.H.M., M.D.A., Y.D.A., P.V.A., B.S., M.R.M., G.T.S., J.A.C., S.A.Z., D.U.O., J.M.G.O., W.B.C. y J.D.C.P. Sobre el último pesa una orden de captura internacional.
En la investigación fueron identificadas diferentes explotaciones comerciales de variados rubros (gastronómico, entretenimiento, servicio de taxi, entre otros) que utilizaban los miembros de la estructura criminal para lavar el dinero e introducirlo al sistema económico con apariencia lícita.
Una vez reunidas las evidencias y dada la urgencia y la gravedad de los hechos investigados, los representantes del MPF entendieron necesario que se dispusieran 37 allanamientos a inmuebles de la provincia de Santa Fe con el objeto de secuestrar estupefacientes en cualquiera de sus etapas de elaboración, material vinculado a ello (como balanzas y elementos de corte o embalaje), documentación, armas de fuego, aparatos de telefonía celular móvil, chips telefónicos, agendas, cuadernos, anotaciones y todos aquellos soportes electrónicos y demás elementos que resultaran de interés para el esclarecimiento de los acontecimientos investigados.
En tal sentido, requirieron el secuestro y embargo de los vehículos identificados a lo largo de la pesquisa que hubieran sido utilizados para realizar las maniobras ilícitas.
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