El gobernador Omar Perotti envió este lunes a la Legislatura santafesina la ampliación del temario de asuntos a considerar en sesiones extraordinarias, de tres proyectos solicitados por las Asociaciones de Víctimas del Delito y sus familiares.
La Legislatura dio media sanción a las modificaciones del Código Procesal Penal, para establecer nuevas condiciones para la aplicación de las prisiones preventivas.
En el primero de los casos se aplica para quienes cometen un delito utilizando un arma de fuego y en el segundo en los casos de violencia familiar o de género. En ambos casos se busca revertir los “beneficios” de las medidas cautelares que generan la “puerta giratoria” y en muchos casos culminan en femicidios.
En el Senado, se aprobó la modificación del artículo 221 (Alternativas a la prisión preventiva) de la ley 12.734, agregando bajo el concepto de “peligrosidad procesal“, situaciones que dejan sin efecto las medidas cautelares y obliga a la sanción de la prisión preventiva por parte de los actores judiciales (artículo 219).
Se aprobó en diputados un proyecto para que se aplique a los casos de violencia familiar y de género. “Lamentablemente en muchas ocasiones el incumplimiento de las perimetrales y medidas de restricción que se llevaron adelante en el proceso, por la intervención de la justicia, no se cumplieron y terminaron en femicidios”, el Diputado Oscar Martínez, autor del proyecto.
Una de las iniciativas planteadas por el Observatorio de Víctimas de Delitos, que integra la Junta Provincial de Seguridad por decisión del gobernador Perotti a través del Dec. 1337/22 y creado por la Resolución N° 1342/2020 de la Cámara de Diputados, requiere la modificación del Artículo 221 del Código Procesal Penal, “estableciendo que si al momento de cometerse un hecho con apariencia de delito se portan o utilizan armas, será procedente el dictado de la prisión preventiva”.
Otra de las leyes que obtuvo sanción definitiva es la creación del Registro Provincial de Acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos (es decir que no son de hierro y sus aleaciones). La creación de este registro surge a partir de la ola de robos de cables que se viene sucediendo en la provincia de Santa y permitirá blanquear a vendedores, titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con estos metales, quienes además deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.
Estarán incluidos por ejemplo, los desarmaderos, chatarrerías y depósitos cualquiera fuera su denominación, quedando excluidas las compañías mineras exportadoras de yacimientos minerales.
El autor de este proyecto también es el Diputado Oscar Martínez y la Diputada Lionela Cattalini quien expresó “los que padecen estos robos son los vecinos quedando muchas veces sin servicios de luz, cable, internet, o sufriendo los robos de picaportes, medidores de agua, de gas, porteros eléctricos, etc, debido al valor de estos materiales”.
