El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y reúne propuestas que distintos legisladores habían presentado previamente. La intención es ordenar el sistema actual, ampliar los mecanismos de control y facilitar el seguimiento de las personas que mantienen deudas alimentarias.
La iniciativa tiene preferencia para una próxima sesión de la Cámara baja y cuenta con acuerdos iniciales para avanzar en su tratamiento.
Un registro único para toda la provincia
Uno de los principales cambios será la creación de un Registro Provincial de Obligaciones Alimentarias, que reemplazaría el esquema actual dividido en cinco jurisdicciones: Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.
Además, el registro dejaría de estar bajo la órbita del Poder Judicial y pasaría a depender del Poder Ejecutivo provincial.
El nuevo sistema incluiría a todas las personas que tengan una cuota alimentaria establecida mediante una resolución judicial. Dentro de ese universo se identificaría específicamente a quienes incumplan con sus obligaciones.
La modificación busca contar con información centralizada y facilitar el acceso a los datos sobre las personas que registren incumplimientos.
Dos categorías para los deudores
El proyecto también propone diferenciar los niveles de incumplimiento según la cantidad de cuotas adeudadas.
La primera categoría correspondería a quienes atraviesen una mora inicial, cuando acumulen dos cuotas impagas dentro de un mismo año.
La segunda contemplaría a los denominados morosos agravados, para quienes registren una deuda superior a seis cuotas durante el año.
Esta clasificación permitiría establecer diferentes consecuencias de acuerdo con la gravedad y continuidad del incumplimiento.
Qué sanciones contempla el proyecto
La propuesta busca que la inscripción en el registro tenga consecuencias concretas para quienes no cumplan con el pago de las obligaciones alimentarias.
Entre las medidas previstas aparecen restricciones para ser candidato a cargos electivos, actuar como proveedor o contratista del Estado y mantener la licencia de conducir.
Además, los empleadores tendrían la obligación de informar cuando incorporen a una persona que figure dentro del registro.
El objetivo planteado es generar mecanismos que incentiven el cumplimiento de las cuotas y permitan realizar un seguimiento más efectivo de las obligaciones establecidas judicialmente.
La discusión por el monto de las cuotas
Aunque existe un principio de acuerdo sobre la necesidad de modificar el registro, uno de los puntos que todavía genera debate entre los legisladores es la forma en que deberían determinarse los montos de las cuotas alimentarias.
Algunas legisladoras proponen utilizar como referencia el Índice de Crianza, elaborado para estimar los costos asociados al cuidado y mantenimiento de niños y adolescentes.
Actualmente, los montos son determinados por los jueces y pueden utilizar distintos parámetros. Entre ellos aparecen el índice de crianza elaborado por el Ipec y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según las características de cada caso.
La discusión apunta a encontrar un criterio que permita establecer referencias más uniformes sin quitarle a la Justicia la facultad de determinar la obligación correspondiente en cada situación.
Cómo se podrá consultar el registro
Otro de los cambios planteados está relacionado con el acceso a la información.
El proyecto no contempla la publicación de un listado abierto con todos los nombres de los deudores. Sin embargo, permitiría realizar una consulta individual para saber si una determinada persona figura en el registro.
La centralización de los datos también busca solucionar una de las dificultades del sistema actual: la falta de información unificada sobre la cantidad de deudores alimentarios registrados en las distintas regiones de Santa Fe.
Si el proyecto consigue los acuerdos necesarios, la Cámara de Diputados y Diputadas avanzará con su tratamiento en una próxima sesión. Luego deberá continuar el recorrido legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
