Son nueve los detenidos por el crimen del chico que era de Mar del Tuyú: siete son mayores y dos, menores que quedaron a disposición de la Justicia juvenil; y entre ellos está el principal sospechoso del crimen. Todos están siendo investigados en el marco de una causa por homicidio agravado por la participación de dos o más personas.
Tomás Valentín Tello Ferreyra, de 18 años, fue asesinado esta mañana de Año Nuevo en la localidad balnearia de Santa Teresita por banda de violentos que lo agredió cuando estaba con su grupo de amigos, lo corrió, lo acorraló y uno de los sospechosos le aplicó una puñalada en el pecho.
Agentes de la Comisaría de La Costa 1ª de Santa Teresita acudieron al lugar ante el llamado al 911 por una pelea entre varias personas. Cuando llegaron se encontraron con Tomás, que tenía una herida punzo cortante en tórax, detallaron.
El adolescente fue llevado por el servicio de emergencias al hospital de Santa Teresita, donde falleció. “Ante la gravedad del hecho se implementó un operativo cerrojo, se realizó un rastrillaje y tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas”, explicaron las fuentes del caso.
El fiscal del partido de La Costa en turno dispuso entonces que se preserve el lugar y, mientras la Científica hacía pericias, la DDI más el personal de GTO lograron identificar testigos y así establecer qué habría pasado. Las fuentes policiales señalaron que “uno de los detenidos de 21 años y oriundo de Santa Teresita, más otros tres sospechosos de 29 y 27 años y un ciudadano uruguayo de 57, comenzaron a agredir” a Tomás y a su grupo de amigos en la calle 39 y Costanera.
Según las fuentes, junto a los cuatro agresores del adolescente había un vendedor ambulante de 22 años, otro hombre de 33 años de Santa Teresita y un tercer sospechoso del que no hay datos, como también dos adolescentes de 17 y 16 años, que quedaron a disposición del Fuero de Responsabilidad Juvenil.
Los nueve fueron arrestados y trasladados a la Comisaria de Santa Teresita, donde se les incautó las prendas de vestir. No se descartaría, en el caso de que la evidencia que se colecte lo constate, agravar la imputación a un “concurso premeditado”.
