Quedaron en prisión preventiva tres personas a las que se investiga por haber privado de su libertad a una adolescente en una vivienda en la que sufrió abusos sexuales y fue obligada a ejercer la prostitución, en la ciudad de Santa Fe. Los imputados son un joven de 19 años e iniciales RL que era la pareja de la víctima; la madre de él, de 48 años e iniciales AML, y un hombre de 37 años e iniciales OIC que es la pareja de esa mujer.
Las preventivas fueron solicitadas por la fiscal Vivian Galeano ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, en una audiencia desarrollada hoy en los tribunales de la capital provincial.
Tras conocer la decisión del magistrado, Galeano valoró que “el juez hizo lugar a nuestro requerimiento y rechazó cautelares alternativas que propuso la Defensa”.
Peligros procesales
La funcionaria del MPA indicó que “el caso es complejo por las características de los hechos que investigamos y, fundamentalmente, por el estado de vulnerabilidad extremo y manifiesto que atraviesa la adolescente que sufrió los ilícitos”. Al respecto, enfatizó que “nuestra prioridad es evitar su revictimización”, y aclaró que “tanto ella como un bebé que es su hijo recibieron atención médica y actualmente están estabilizados”.
“En la audiencia, detallamos las evidencias del accionar de los imputados y el juez consideró que la materialidad de los hechos y la participación de las personas investigadas están acreditadas con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal”, planteó Galeano.
En relación a los riesgos procesales, la fiscal manifestó que “las penas en expectativa son altas y de cumplimiento efectivo y los imputados no tienen arraigo familiar ni laboral, por lo que había peligro de fuga”. En tanto, hizo hincapié en que “si las personas investigadas recuperaban su libertad, hubiera habido posibilidades de entorpecimiento probatorio, ya que está pendiente la declaración de la víctima en cámara Gesell”.
Los hechos
“Al menos entre julio y septiembre de este año, los imputados mantuvieron encerrados a la adolescente y a su hijo –cuyo padre es el joven de 19 años–, en una habitación con candado en un inmueble ubicado en el barrio Abasto”, afirmó Galeano.
La fiscal subrayó que “mientras estaba privada de su libertad, la víctima era amedrentada y atacada físicamente por su pareja, quien durante años la abusó sexualmente bajo amenazas de muerte”.
A su vez, la representante del MPA remarcó que “el joven y la mujer investigados obligaban a la adolescente a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con personas que ellos convocaban al domicilio”, y añadió que “por el ejercicio de la prostitución de la víctima, los imputados cobraban dinero del que se apropiaban”.
Por otro lado, Galeano refirió que “la pareja de la suegra de la adolescente también la agredía sexualmente”. En tal sentido, aseveró que “se valió de la convivencia que mantenían y contribuyó a la violencia de género a la que la víctima era sometida”.
Calificaciones penales
A la pareja de la víctima se le atribuyó la autoría de privación ilegítima de la libertad agravada (por haber sido cometida con violencia y amenazas y por durar más de un mes); abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido en contra de una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente).
El joven imputado, al igual que su madre, también es investigado como coautor de promoción y facilitación de la prostitución agravadas (por mediar violencia, amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y convivencia y por haber sido en perjuicio de una persona menor de 18 años). A su vez, a ambos se les endilgó ser coautores de explotación de la prostitución agravada (por haber sido realizada por convivientes, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, y por ser la víctima menor de edad).
La mujer investigada además fue imputada por privación ilegítima de la libertad agravada (por durar más de un mes).
Por su parte, al hombre de iniciales OIC se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido en contra de una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia) y la coautoría de corrupción de menores.
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