El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
Fue luego de que el Ejecutivo Nacional promulgara la ley ratificada por el Congreso tras el veto, pero que suspendiera su ejecución hasta que se informe de dónde saldrán los fondos para aplicar la ley.
El presidente del CIN, Oscar Alpa, dijo que la reunión de este miércoles tuvo como objetivo “tomar posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”. Por su parte, el decano de la UBA, Leandro Vergara, indicó que “un decreto no puede suspender una ley”.
A su turno, el vicepresidente del CIN, el rosarino Franco Bartolacci, sostuvo que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
El presidente de la nación había vetado la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. Hoy la ley fue promulgada pero suspendida, cuestión que “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó Vergara. “Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
