Hola mis queridos lectores de LT9, ¿cómo están?
Hoy vamos a meternos en un tema que aparece cíclicamente en la agenda del agro argentino: la Ley de Semillas y la discusión en torno a la posible adopción de la UPOV 91. Un debate técnico, pero con impacto directo en el bolsillo del productor y en el futuro de la innovación.
Para entender la discusión, primero hay que ordenar algunos conceptos básicos.
Argentina hoy se rige por un esquema alineado con la UPOV 78, un convenio internacional que reconoce los derechos de quien desarrolla una variedad vegetal, pero al mismo tiempo preserva una práctica histórica del productor: el uso propio. Esto significa que, en la práctica, un productor puede guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la siguiente campaña sin pagar nuevamente por esa semilla.
Ese equilibrio entre el reconocimiento a la innovación y la tradición productiva es, justamente, el punto que hoy está en tensión.
Un aspecto clave para entender el conflicto es la diferencia entre tipos de cultivos. No todas las semillas funcionan de la misma manera.
En el caso de las autógamas, como el trigo y la soja, el productor puede guardar semilla de su propia cosecha y reutilizarla sin perder calidad genética. Por eso el uso propio está muy extendido y el control de regalías resulta más complejo. Es en estos cultivos donde aparece el fenómeno de la “bolsa blanca” y donde se concentra la discusión.
En cambio, en los híbridos, como el maíz o el girasol, la lógica es distinta. Estas semillas son el resultado de cruzamientos específicos y, si se reutilizan, pierden rendimiento. Por eso el productor necesita comprar semilla nueva todos los años, y el sistema ya captura valor de manera natural. En estos casos, el conflicto prácticamente no existe.
Con este contexto, aparece la UPOV 91, una versión más moderna y más exigente en términos de derechos de propiedad intelectual. Este esquema refuerza los derechos del obtentor, limita el uso propio y establece que la reutilización de semillas puede requerir autorización o el pago de regalías. En otras palabras, lo que hoy es un derecho amplio del productor pasaría a estar más regulado.
Ahora bien, más allá del debate teórico, en Argentina ya existen mecanismos concretos que buscan capturar valor en cultivos autógamos, incluso bajo el esquema actual.
Uno de los actores centrales es la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV), que representa a empresas semilleras y trabaja en la defensa de los derechos de propiedad intelectual en semillas. Desde hace años impulsa sistemas de control y cobro de regalías, especialmente en soja y trigo.
En esa misma línea surge Sembrá Evolución, un sistema privado que apunta a ordenar el mercado y asegurar que el productor pague por la tecnología incorporada en la semilla, incluso cuando hace uso propio.
¿Cómo funciona en términos simples?
El productor declara qué siembra y, en función de eso, reconoce un pago por la genética utilizada. Es un intento de cerrar la brecha entre el uso propio permitido por la ley y la necesidad de las empresas de recuperar inversión en mejoramiento.
Este sistema convive hoy con la normativa vigente y, para muchos, es un anticipo de lo que podría institucionalizarse si Argentina avanzara hacia un esquema tipo UPOV 91.
En este contexto, las posiciones están claramente divididas.
Por un lado, semilleros y parte de la industria sostienen que es necesario fortalecer los derechos de propiedad intelectual. Argumentan que sin reglas más claras no hay incentivo para invertir en genética, y que Argentina corre el riesgo de quedarse atrás en innovación frente a otros países.
Del otro lado, muchos productores y entidades rurales plantean reparos. Señalan que limitar el uso propio implica un aumento de costos, una pérdida de autonomía y una mayor dependencia de grandes empresas. También advierten que cualquier cambio debería contemplar las particularidades del sistema productivo argentino.
Entre ambos extremos aparecen posturas intermedias que buscan un equilibrio: mantener el uso propio, pero con algún tipo de reconocimiento económico más claro hacia el obtentor, evitando distorsiones como la informalidad.
En definitiva, lo que está en discusión va mucho más allá de una ley. Se trata de definir cómo se distribuye el valor dentro de la cadena agropecuaria: cuánto corresponde a la innovación y cuánto al trabajo productivo.
Argentina, por ahora, sigue operando bajo un esquema más flexible, pero con mecanismos privados que intentan ordenar el sistema. La pregunta es si ese modelo híbrido alcanza o si, más temprano que tarde, el país avanzará hacia una reforma más profunda.
Por otro lado, y tomando un poco más de partido en este asunto, ya que mi labor como agrónoma me lo permite, como saben, mi ocupación full time es ser Directora Técnica de un semillero que multiplica soja y trigo de la marca hoy más importante del país. Creo que hay un tema que nadie está mencionando y está relacionado con los costos de los productores.
En meses anteriores, junto al Ing. Henri, estuvimos haciendo foco sobre los costos y los márgenes de los cultivos extensivos más relevantes, y en algo coincidimos todos: el número es muy finito. Hoy la eficiencia al extremo es la delgada línea entre fundirse o continuar un año más. A esto nadie lo discute.
Pero tengo una pregunta rondando en mi cabeza: ¿no creen que si se eliminaran las retenciones, el número del productor sería otro y seguramente no tendría ningún problema en comprar año tras año semilla fiscalizada? Porque, mis queridos lectores, saben la fuente de mano de obra que genera un semillero.
Imaginen que hoy se habla de que solo el 37% de la semilla autógama es fiscalizada. Pensemos en un escenario donde el 100% de la semilla sembrada sea fiscalizada: ¿cuántas plantas de procesamiento de semillas se abrirían?, ¿cuántas metalúrgicas estarían trabajando para hacer silos?, ¿cuántas constructoras estarían diseñando plantas procesadoras y oficinas?, ¿cuántos ingenieros, administrativos y personal de planta se necesitarían para cubrir la demanda de semilla?
¿No creen ustedes que esa es la forma de hacer crecer un país, produciendo y transformando las materias primas? ¿No creen que usar nuestra propia gente para generar valor es la mejor manera de salir adelante?
Tal vez mi pensamiento sea una ingenuidad o una utopía, pero sueño con una ley de semillas y un quite total de retenciones que permitan que esto se haga realidad: que el productor compre la mejor semilla posible, con el mejor vigor, y que su margen sea positivo, lo más positivo posible, para que pueda reinvertir en su pueblo, en su zona, en su provincia.
Porque, señores y señoras, hay una sola manera de salir adelante: trabajando, generando puestos de trabajo genuinos, capacitando a los chicos que salen de la secundaria y dándoles un oficio, una forma digna de ganarse la vida.
Espero, mis queridos lectores, no haberlos aburrido con mis pensamientos. Los espero el próximo sábado para seguir conociendo más al campo argentino.
