Tras el veto del Presidente de la Nación a la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), este viernes se concreta el paro de personal docente y no docente de las universidades públicas de todo el país y que alcanza a las facultades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y sus unidades académicas.
La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, confirmó esta mañana por la Nueva Nueve que el veto será tratado por el Congreso el 17 de septiembre y que la marcha universitaria tendrá lugar ese día.
“Hay mucho enojo porque había expectativas y frente a una situación tan grave como la que estamos atravesando en las universidades, cuando esas expectativas se caen lo que aparece es la bronca, el enojo, el no entender por qué vetar una ley que no hace más que poder brindarle a la universidad la posibilidad de terminar medianamente bien el 2025 y prepararnos para un 2026 que esperamos que en el presupuesto tenga cierta correlación con la necesidades del sector” sostuvo Staiti.
Consultada sobre la pérdida del poder adquisitivo de los docentes, la dirigente gremial remarcó que “mes a mes perdemos con la inflación” y tomando como base noviembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo llega al 40%. “Nuestro salario hoy tiene un poder de compra solo del 60% con respecto a finales de 2023” añadió.
Además la secretaria general de Conadu Histórica indicó que en el propio veto presidencial se menciona cuál fue la recomposición salarial en este mismo período, que oscila entre el 110 y el 114%, cuando la inflación acumulada supera el 220%. “Con respecto a la inflación hemos perdido el 100% del salario” concluyó.
Resolución del Consejo Superior
Además, en la jornada de este jueves se reunió el Consejo Superior de la UNL y aprobó una resolución que adhiere a la Marcha Federal impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
La marcha está prevista para coincidir con el tratamiento en el Congreso del rechazo al veto presidencial, y convoca a toda la ciudadanía a acompañar el legítimo reclamo bajo el lema: “La educación no es un gasto, es una inversión en soberanía y desarrollo para un futuro sustentable”.
En su artículo 2, la resolución aprobada insta al Congreso a que “defienda la educación pública, las paritarias de los trabajadores universitarios y las becas para los estudiantes, exigiendo que se revierta este veto injusto e irresponsable”.
Por último, en su artículo 3 exhorta al Congreso a sancionar una Ley de Presupuesto Nacional para el año 2026, “condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de sus múltiples actividades académicas, de investigación y de extensión en todo el país”.
Fundamentos
El contundente texto aprobado por unanimidad en la sesión de esta tarde recuerda entre sus fundamentos que la ley en cuestión “fue debatida, votada y sancionada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar el sostenimiento de la educación pública”.
Asimismo, la resolución aprobada sostiene que el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo, enmarcado en la continuidad de una gestión que por segundo año consecutivo administra el país sin una Ley de Presupuesto Nacional, “constituye un acto de absoluta irresponsabilidad institucional y representa un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores, a sus estudiantes y al futuro de la Nación” y que sin presupuesto, “no hay plan, no hay previsibilidad y no hay cómo exigir una rendición de cuentas. Es una decisión política que promueve el desorden institucional y el ajuste discrecional”.
Por último, el cuerpo expresó que el veto deja en claro cuáles son las prioridades del gobierno nacional: “Negar la recomposición salarial que termine con la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes; rechazar la actualización de becas estudiantiles como el Progresar y Manuel Belgrano y frenar la inversión en ciencia, tecnología e infraestructura universitaria”.
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