Hoy martes, alrededor de las 11.30, la Comisión de jubilados y jubiladas de la Multisectorial Santa Fe, realizó una reunión abierta junto al abogado Guillermo Munné para conversar sobre cómo afecta el DNU y la Ley Ómnibus a la legislación vigente.
El encuentro se materializó en horas del mediodía en la la sede de ADUL -Pasaje Martínez 2683-. En vínculo con esta primera reunión, el abogado Guillermo Munné compartió en exclusivo con LT9 cuales son las principales problemáticas del mega DNU y la Ley bases sobre las y los jubilados.
"El actual gobierno inició su trabajo con dos herramientas jurídicas de intervención masiva: el decreto de necesidad de urgencia que afecta a más de 300 dispositivos legislativos y el mega proyecto de ley que reforma otros centenares de cuerpos legislativos" inició Munné.Estas medidas están dirigidas a la búsqueda de un equilibrio fiscal "singular que se orienta más por el recorte de los ingresos de los sectores populares de la población y no tanto por el sacrificio de los grupos ingresos más altos y concentrados en la Argentina" señaló el abogado y especificó que dentro de estos sectores de "sacrificio" se encuentra también el sistema jubilatorio.
En ese sentido, a modo de ejemplo el abogado postuló: "El DNU -que se publicó el 21 de diciembre de 2023- comienza su artículo primero declarando la emergencia previsional, para comprender una declaración de emergencia en Argentina siempre está vinculada a atribuciones especiales del Poder Ejecutivo, es decir este debe adoptar medidas que de otro modo deberían ser tomadas por el Congreso de la Nación" indicó.
Posteriormente, en relación a Ley Ómnibus aseguró: "El mega proyecto de ley que esta discusión en el Congreso incluiría la suspensión del aumento automático para jubilaciones y pensiones de tipo legislación y le otorgaría al Poder Ejecutivo la capacidad de fijar los aumentos por decreto discrecionalmente".
En estos momentos, y como resultado de "las objeciones que le han hecho cierto grupo de legisladores -que estarían dispuestos a brindar un voto o firmar un dictamen de mayoría, siempre que el Ejecutivo estableciera modificaciones en el proyecto-, quedó de lado esa posibilidad de suspender así la Ley jubilatoria y se conocieron distintas alternativas" comentó Munné.
Un grupo de legisladoras y legisladores, planteó la posibilidad de que los aumentos sean según la evolución de la inflación, aunque, frente a esta eventualidad "el gobierno se dispuso a aceptar la opción, pero desconociendo la situación de inflación del mes de enero, lo cual sería una quita muy grave para las jubilaciones de nuestro país" manifestó.
"Estamos en un momento vertiginoso, tenemos de discutir problemas muy trascendentes con tiempos que no se corresponden a la importancia de esos temas".
Consultado sobre cual sería el sistema más "beneficioso" para el conjunto de personas que tienen sus ingresos por jubilaciones y pensiones, Munné explicó: "Hay una experiencia acumulada de los distintos países con sistemas jubilatorios, que, entre otros ámbitos se resumen, por ejemplo, por la Organización Internacional del Trabajo. Se sabe que un sistema jubilatorio que respete los ingresos de quien ya completó su carrera laboral, tiene que tener una actualización de haberes que a la vez sea sustentable en el tiempo, -no se pueden asumir compromisos fantasiosos-" indicó. Con estos dos parámetros -en general- actualización de haberes y sustentabilidad en el tiempo, cualquier fórmula que razonablemente qur respete estos indicadores resulta constitucional para la Argentina. Porque las y los jubilados tienen una situación pareja a la que tiene los trabajadores activos".
En esta ecuación surge un nuevo conflicto, "los trabajadores activos están teniendo un retraso muy grande del poder adquisitivo de sus ingresos respecto de los bienes de economía -entre otras medidas como resultado de la devaluación del 100% del oficialismo-, eso es un retroceso en el poder adquisitivo de todos los ingresos fijos tanto de los trabajadores activos como los jubilados o jubilados" subrayó.
La actual formula jubilatoria que rige legalmente, responde a un proyecto de la presidencia de Mauricio Macri, y "esta totalmente puesta en crisis en el debate que tiene el Ejecutivo y la negociación en el Parlamento" marcó Munné. La formula consiste en tomar por un lado la recaudación tributaria destinada a ANSES y por otro lado, la evolución de los salarios de los activos.
"Una fórmula razonable que respete las jubilaciones y pensiones para nuestra población, tiene que contemplar la evolución de los salarios de los trabajadores activos y la evolución de la inflación. Dentro de esos parámetros aceptables, un aumento discrecional del poder ejecutivo que esté por debajo es inaceptable" concluyó.
