A un año de la puesta en marcha del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec), la provincia de Santa Fe registró un crecimiento del 16,7% en la creación de nuevas sociedades respecto del período previo a la unificación de los organismos registrales.
Según los datos oficiales, en 2024 se habían constituido 1.698 sociedades, mientras que durante 2025 la cifra ascendió a 1.982. En paralelo, el nuevo organismo digital contabilizó 32.299 gestiones durante sus primeros doce meses, un 110% más que bajo el sistema anterior.
La reforma también modificó la distribución territorial de los nuevos emprendimientos. El 40% de las sociedades se radicó en Rosario y el 12% en la ciudad de Santa Fe, mientras que el 48% restante se repartió entre otras 161 localidades del interior provincial.
Uno de los principales cambios se produjo en las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cuya constitución aumentó un 121%. En contraste, las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) registraron una caída del 24%. Además, más del 40% de las SAS creadas fueron unipersonales.
Buscan reducir aún más los tiempos
La digitalización también permitió acortar los plazos para constituir una sociedad. El trámite, que anteriormente podía demandar entre dos y tres meses, actualmente tiene un plazo máximo de 15 días cuando la documentación es presentada correctamente.
Desde el Rpjec anticiparon que próximamente se habilitará un procedimiento para constituir una SAS en 72 horas hábiles y completamente online. La nueva modalidad incorporará también la rúbrica de los libros dentro del mismo trámite, evitando una gestión adicional.
El organismo prepara además un chatbot de atención ciudadana que responderá consultas sobre requisitos, trámites y plazos a partir de la información recopilada durante su primer año de funcionamiento.
La digitalización, según destacaron desde el Registro, también permite centralizar y cruzar información de sociedades, empresas y asociaciones civiles. Esta herramienta facilita la trazabilidad de los fondos y el intercambio de datos con organismos vinculados a la prevención y detección de posibles maniobras de lavado de dinero.
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