La suspensión de los embargos de ARCA a las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027 fue recibida como un alivio por el sector empresario. Así lo expresó Mario Galizzi, presidente de APYME Santa Fe, durante una entrevista en el programa «Está pasando», segunda edición, por LT9. El dirigente aseguró que una de cada cinco pymes de la provincia ya había atravesado un embargo y advirtió que la proporción podía crecer si no se adoptaba una medida para frenar las ejecuciones.
«Hace más de un año que venimos planteando y luchando para que haya un freno a los embargos de la DGI. Cuando un empresario pyme se demora cinco días en pagar impuestos, le embargan las cuentas corrientes y rompen las cadenas de pago», explicó Galizzi.
Según describió, las dificultades financieras se profundizaron por la caída de las ventas y el incremento de los costos operativos. En ese sentido, mencionó subas de entre el 500% y el 900% en servicios como luz, agua y combustibles durante los últimos tres años, porcentajes que corresponden a su estimación. «No es que no queremos pagar, sino que no podemos más», sostuvo.
Para el titular de APYME, la suspensión de las ejecuciones permitirá que muchas empresas recuperen cierto margen de maniobra para afrontar sus compromisos. Sin embargo, aclaró que no representa una solución estructural para el sector. «No nos solucionan el problema, pero es un desahogo importante», señaló.
El anuncio fue realizado por el Gobierno nacional durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina. La medida contempla la suspensión de los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027 y la extensión de los planes de pago para deudas impositivas.
Galizzi también cuestionó que, pese a las dificultades que atraviesa el entramado productivo, la carga impositiva continúa siendo un problema para competir con los mercados internacionales. A su entender, la combinación de costos elevados, menor consumo y dificultades para financiar el capital de trabajo impacta directamente en la continuidad de los establecimientos.
En otro tramo de la entrevista, trazó una comparación con la crisis económica de 2001 y aseguró que, de acuerdo con su evaluación, los indicadores actuales de cierre de pequeñas y medianas empresas son incluso más graves. También sostuvo que el país mantiene una cantidad de pymes similar a la de hace dos décadas, lo que refleja, según su planteo, el estancamiento del sector.
La dimensión del problema también aparece en los registros nacionales. Según un relevamiento de Fundar, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en julio de 2026 había 32.290 empresas empleadoras registradas menos que en noviembre de 2023. Se trata de una variación neta en la cantidad de firmas empleadoras, por lo que no debe interpretarse como un registro exclusivo de cierres.
Por su parte, APYME Santa Fe advirtió en un comunicado que la industria fabril acumula una caída del 11% respecto de 2023. Además, la entidad proyectó para 2026 el cierre de 3.000 empresas fabriles y la pérdida de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos. También señaló que la morosidad en las micro, pequeñas y medianas empresas alcanzó el 17,7%.
Finalmente, Galizzi insistió en que la suspensión de los embargos debe estar acompañada por medidas que permitan recuperar la actividad, mejorar la competitividad y sostener el empleo. Para el dirigente, el alivio financiero resulta necesario, pero el principal desafío sigue siendo que las empresas puedan volver a producir y vender en un contexto económico que continúa siendo complejo.
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