El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe se sumó al pedido que realizaron diputados opositores contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, luego de que se conocieran audios que dejarían entrever una maniobra extorsiva del funcionario nacional contra un juez para apartarlo de su cargo.

Se trata de la denuncia que realizó el ahora exjuez Carlos Rozanski ante el juez federal Alejo Ramos Padilla sobre una reunión que mantuvo en octubre 2016, un día antes de presentar su renuncia, con Garavano y con el exmagistrado y consejero de la magistratura Luis María Cabral. En la presentación, Rozanski detalla que el ministro y el consejero de la magistratura lo presionaron para que apure su renuncia.

A raíz de esto, el organismo multisectorial santafesino emitió un comunicado donde expresa:

"El Caso D'Alessio sigue generando repercusiones en el Poder Judicial. El exjuez Carlos Rozanski difundió audios que mostrarían la supuesta presión de parte del Gobierno nacional para apartarlo de su cargo, lo que se concretó con su renuncia en 2016. Desde el Ministerio de Justicia aclararon que "no hay nada irregular" en la reunión que mantuvieron el ministro Germán Garavano y el entonces magistrado platense.  

La investigación llevada a cabo por el Juez Alejo Ramos Padilla reveló la participación directa de este funcionario en la maniobra acordada con el convicto (supuestamente arrepentido) Leonardo Fariña, para inculpar de manera infame a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Parte de este accionar corrupto fue la extorsión contra el eximio juez Carlos Rozansky con el objetivo de obligarlo a renunciar, para lo cual Garavano lo recibió en su propio despacho junto al Presidente del Consejo de la Magistratura Luís Cabral, tal como lo reveló el propio Juez a través de un audio presentado en la causa de que se tramita en el juzgado de Dolores.

Garavano es un actor clave de la degradación institucional que viene sufriendo el país y que se expresa en la pérdida del Estado de Derecho producido por la presidencia de Mauricio Macri. Para eso cuentan con la participación de la prensa adicta, de los espías oficiales de la AFI y los paraestatales como Marcelo D’Alessio, y con jueces y fiscales como Carlos Stornelli y Claudio Bonadío. Son los personeros de las persecuciones judiciales y mediáticas contra los movimientos populares y los sindicalistas no oficialistas (como Hugo y Pablo Moyano), una matriz que se repite en otros países de América Latina".