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Lifschitz pidió reacción de la Justicia por la ola de crímenes en el sur provincial

Además sugirió la necesidad de que el receso judicial no alcance a los fiscales porque "los crímenes no dejan de ocurrir en enero".
MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2018

"Por supuesto que la seguridad es la policía, pero también es un trabajo conjunto con la Justicia y de las áreas sociales", sostuvo ayer el gobernador Miguel Lifschitz sobre la ola de violencia con la que empezó el año 2018 en la zona sur de Rosario. El mandatario deslizó, en sintonía con lo expresado días atrás por su ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, cierta responsabilidad de la Justicia en el tratamiento de los casos en los que están involucrados los protagonistas de esta seguidilla de crímenes que aparecen vinculados a un complejo enfrentamiento barrial que tiene a las familias Funes y Caminos como partes visibles de una trama tal vez mucho más grande si se la mira debajo de la superficie.

"Es un tema que nos preocupa. Este pico de violencia es un caso puntual y requiere una mirada muy especial", afirmó ayer Lifschitz al ser consultado en el marco de una recorrida por el aeropuerto de Fisherton luego de la cual, adelantó, mantendría reuniones con el equipo de Seguridad de su gabinete. En ese sentido, si bien eludió criticar la feria judicial como había hecho Pullaro, pidió más presencia de fiscales en estos meses ya que "los crímenes no dejan de ocurrir en enero".

Violencia

Este año comenzó con una serie de hechos violentos que hizo trizas la relativa calma con la que parecía terminar 2017, donde el total de crímenes en el departamento Rosario volvió a disminuir respecto del año anterior. De las 14 muertes que se investigan como homicidios en la primera quincena del año, la mitad podría estar vinculada al conocido enfrentamiento entre dos familias del Fonavi Municipal de Alice y Lamadrid: la de Jorge "Gordo" Funes y la de Roberto "Pimpi" Caminos, el ex jefe de la barra brava de Newell's asesinado en 2010.

En la disputa entre Los Funes y la alianza entre Alexis Caminos y Ariel "Tubi" Segovia se mezclan odios personales con la lucha por el control del territorio para la venta de droga. Y su recrudecimiento llama la atención teniendo en cuenta que sus principales protagonistas están presos. Lautaro "Lamparita" Funes está detenido por varios delitos y al menos un crimen, y su hermano Alan está prófugo luego de que la circulación de un video en el que aparece disparando una ametralladora lo hiciera fugar de donde cumplía arresto domiciliario. Por el otro lado, tanto Segovia como Alexis están detenidos, éste último acusado de matar a Mariela Miranda, madre de los Funes.

Con sus principales protagonistas tras las rejas la disputa, que llegó a disparar en 2016 una ola de violencia en el sudeste rosarino, parecía controlada. Sin embargo, una serie de sucesos parecen haberla reactivado.

Desde el primer día del año se desencadenó una serie de balaceras con heridos y muertos que, en mayor o menor medida, se atribuyó a este enfrentamiento, con sus coletazos y respectivos vueltos. Al menos cinco de los homicidios registrados en la primera quincena del año aparecen vinculados con la saga (ver aparte).

Justicia

En ese marco, un hecho sin heridos disparó el malestar desde la cartera de Pullaro. Un joven de 23 años fue detenido con un arma de fuego dos veces en cinco días en la misma cuadra de Chacabuco al 4100. La primera vez, por no tener antecedentes, fue liberado con una causa por portación de arma civil. La segunda vez, además de apresarlo con un arma más poderosa se le secuestró droga fraccionada para su venta, lo que le valió hasta ahora quedar con prisión preventiva dos meses.

El hecho desencadenó críticas desde el Ministerio de Seguridad hacia la Justicia por su supuesta permeabilidad para liberar a sospechosos. "Vemos cómo cae la administración de Justicia por la feria judicial, que está pensada para que se reordenen las causas de los juzgados y las fiscalías, para que se estudien en profundidad la política judicial que se va a llevar adelante, pero lo que pasa es que quedan muy pocos funcionarios judiciales llevando adelante el servicio de justicia y eso impacta en la seguridad pública",sostuvo Pullaro, para agregar que los funcionarios de su cartera no se toman licencia estival.

Las respuestas de los jueces no se hicieron esperar. "La administración de justicia interviene en un caso puntual cuando el hecho ya sucedió. La Justicia no tiene a su cargo diagramar políticas de seguridad o de prevención que pudieran anticiparse al eventual acontecimiento de un hecho delictual", dijo el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Gustavo Salvador.

Puntual   

Planteada la polémica, ayer Lifschitz también se refirió al tema, consultado por la prensa en otro marco como una recorrida por obras en el aeropuerto. "Venimos de un 2017 en el que hemos reducido notablemente la cantidad de homicidios. Este pico, que es muy puntual, tiene que ver con un enfrentamiento entre dos grupos desatado en la zona sur de Rosario. Entonces debe tener una mirada muy especial", afirmó el mandatario.

"No es un tema sólo de la policía sino también de la Justicia. Muchos de estas personas que están involucradas como víctimas o victimarios, son personas que estaban detenidas o con salidas transitorias de la cárcel. Son personas que están dentro del ámbito de trabajo de los distintos procesos judiciales que se llevan adelante", añadió el gobernador, para agregar: "A veces necesitamos que estas cosas se aceleren y que estemos todos más atentos. Por supuesto que la seguridad es la policía, pero también es un trabajo conjunto con la Justicia y de las áreas sociales".

Servicio público

Si bien el gobernador optó por no cuestionar la feria judicial, sí deslizó que ese sistema no debería alcanzar a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Los fiscales que tienen que estar a disposición de los ciudadanos porque los crímenes no dejan de ocurrir en enero. Necesitamos una presencia de los fiscales trabajando todo los días del año", sostuvo el gobernador, que calificó la labor de los fiscales como "un servicio público. 

En ese sentido Lifschitz adelantó que por la tarde de ayer se reuniría "con todo el equipo del Ministerio de Seguridad" y que para estos días también tenía previsto reunirse con la Junta de Seguridad de la provincia, donde participan los fiscales de distintos distritos. "Allí vamos analizar la situación general y en particular estos hechos de la ciudad de Rosario", sostuvo sobre uno de los temas que por estas horas más deben preocupar en la Casa Gris.

Fuente: La Capital.

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