La presidenta de la Cámara de la Construcción (delegación Santa Fe), Veronica Eizmendi, se refirió esta mañana por LT9 al panorama de la obra pública provincial y nacional, que están paralizadas, y a las alternativas que se analizan con funcionarios provinciales para que se reactiven las tareas. 

“El cuadro de situación continúa igual que a fines de la gestión del gobierno anterior. Lo que estamos  haciendo es una mesa de seguimiento. Con el gobierno actual ya tuvimos nuestra segunda reunión para ver cómo retomamos las obras que están prácticamente todas paralizadas” señaló la empresaria en diálogo con “Primera Mañana”. 

Agregó que “este gobierno está intentando ponerse al día con los pagos. Fue uno de los primeros pedidos que hicimos desde ambas Cámaras, de Santa Fe y Rosario, para poder reiniciar la obra, primero pagar las deudas y los intereses por mora. Están tratando de ponerse al día. Estas semanas van empezando a pagar octubre. Octubre venció a fines de diciembre”.

“Las obras siguen prácticamente todas paradas, algunas neutralizadas, otras donde no se han podido neutralizar, el ritmo es muy bajito, se hacen prácticamente obras de mantenimiento. Buscamos establecer un nuevo precio,  un nuevo valor de los contratos en casi la mayoría de las obras. Además de buscar un mecanismo para que se revaloricen las obras porque los contratos están muy deteriorados a la fecha con todo lo que ha pasado el año pasado, ya sea por la falta de pago, por la gran inflación y por el aumento del costo financiero por las tasas que se fueron a las nubes” remarcó Eizmendi.

Consultada sobre las obras públicas con fondos nacionales, la presidenta de la CAC dijo que también están paralizadas y que los reclamos se hacen ante quienes firmaron los contratos, que son los funcionarios municipales o provinciales. “Se están haciendo gestiones tanto a nivel municipal como provincial como para que lleguen los fondos a la provincia o el municipio. Hace muy poquito que están recién los interlocutores, hasta la semana pasada no había interlocutores a nivel nacional” añadió.

En cuanto a los despidos, Eizmendi dijo que no hay un dato exacto, aunque estimó que de los 20.000 obreros bajo convenio Uocra en toda la provincia, unos 10.000 fueron echados. “Lo que han hecho algunas empresas es redistribuir el personal, sobre todo aquellas empresas que además hacen obras privadas” aseveró. 

Por último, la presidenta de la Cámara de la Construcción pidió que el ministerio de Trabajo no dicte conciliación obligatoria en cada conflicto ya que “es muy difícil para las empresas retomar el personal cuando las obras están paralizadas”.

“Estamos esperanzados que esto se va a solucionar, que se pongan al día los pagos y buscamos   herramientas entre ambas partes para poder reiniciar las obras. Estamos viendo de gestionar este nuevo valor de las obras y algunos instrumentos que necesitamos una vez que se reinicien las obras para no volver a caer en la misma situación” concluyó Eizmendi.