El oficialismo decidió bloquear el trabajo de la CoNaDI en la búsqueda de personas apropiadas en dictadura. Patricia Bullrich, comunicó que el Ministerio de Seguridad no aportará la información requerida por la entidad sobre 70 miembros de fuerzas de seguridad.

Marcelo Villar, integrante del foro contra la impunidad y por la justicia de Santa Fe, dialogó en exclusivo con LT9 sobre esta decisión.

"La verdad que por un lado ya no asombran las políticas que lleva delante Patricia Bullrich, pero hay que recordar que los derechos humanos desde el Alfonsín han sido políticas de estado", señaló Villar. 

En este sentido, explicó que desde su constitución la CONADEP -Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas- "se encargó de investigar las denuncias y los hechos de terrorismo de estado durante la última dictadura cívico-militar, el juicio de las juntas, la CONADI -Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad- a la cual estamos refiriéndonos, fue creada en el 92 por Carlos Menem, un presidente, que según Milei fue el mejor presidente de la Argentina y que más allá de las distintas políticas de cada uno de los gobiernos que se sucedieron desde el 10 de diciembre 83 a la fecha no se han abandonado".

Villar, advirtió que nos encontramos en un escenario complejo en materia de reconocimiento de derechos, "es una nueva era política la que estamos viviendo donde se propagan los discursos de odio y de reivindicación de la dictadura, y Patricia Bullrich se ajusta a estos nuevos tiempos".

El comunicado que difundió el Ministerio de seguridad, indica: "Rechazamos por estar fuera de lugar y ser una petición exorbitante la entrega de los legajos de nuestras fuerzas a ese organismo", frente a esto, Villar expicó que el decreto 715 del año 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, le permitió a la CoNaDI solicitar documentación de efectivos policiales a través de una Unidad especial de investigación, con el objetivo de "desentrañar nada más y nada menos donde están los desaparecidos vivos que seguimos buscando, que son los hijos e hijas de las secuestradas embarazadas que parieron en centros clandestinos de detención, fueron asesinadas y sus hijos e hijas apropiados".

Y remarcó: "Es un deber del Estado argentino buscar la verdad y recuperar esos niños y niñas hoy, hombres y mujeres".

Por otro lado, comentó que resulta "paradójica" la desición del oficialismo, "Bullrich cree que de esta manera defiende a aquellos que están sospechados de participar en la apropiación de estos niños y estas niñas y va a terminar dando el efecto contrario porque la CoNaDi hace las investigaciones que después se deriva a la justicia, y estas investigaciones previas permiten deslindar de responsabilidades aquellos mismos que uno en una primera hipótesis supone culpable", y ante la imposibilidad de solitar los legajos para reafirmar sin son partícipes en estos delitos o descartarlos "lo que va a pasar es que la CoNaDi va a judicializar todo".

Consultado sobre si en otras oportunidades se presentó algún tipo de restricción a la hora de entregar información, "ha habido, de acuerdo a los distintos gobiernos más apoyo o menos apoyo a estas investigaciones", sin embargo, en este momento puntal advirtió que es necesario tener en cuenta que el Ministerio de Defensa "ha disuelto la unidad de investigación sobre derechos humanos que había en el Ministerio, que aportaba datos muy importantes a los juicios de lesa humanidad y la desmantelaron en su totalidad. Es una política de este nuevo gobierno retroceder en materia de derechos humanos"

Finalmente, en lo que refiere a la situación en el Campo San Pedro, en torno a las excavaciones, el referente indicó que "la semana pasada se empezó un trabajo nuevo de remoción de tierra para buscar los cuerpos de los y las desaparecidas que pudieran estar ahí". 

"Además desde el foro tenemos una comisión de Campos San Pedro, y yo en particular pertenezco a familiares desaparecidos que somos querellantes en la causa San Pedro, este grupo de compañeros se dedica a profundizar las investigaciones porque hay que tener en cuenta que en Campos San Pedro fue un lugar de exterminio, no fue un centro clandestino de detención, por lo cual ahí no hay sobrevivientes, los únicos datos que llegamos a tener es a partir de peones rurales cuidadores" concluyó Villar. 

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