Este jueves, el proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Entre las y los legisladores por Santa Fe, una de las particularidades de la votación se dio en el interbloque Provincias Unidas, que no logró una postura unificada y se expresó dividido al momento de acompañar o rechazar la iniciativa.
En ese marco, el diputado nacional Pablo Farías explicó los motivos de su voto en contra y cuestionó los tiempos del tratamiento legislativo.
En diálogo con Amanecer no es poco, sostuvo que “una reforma tan grande y profunda de la legislación laboral merecía un tratamiento distinto”. Según planteó, no hubo margen “para introducir cambios ni construir consensos” sobre el texto que llegó con media sanción del Senado y que, salvo la eliminación del polémico artículo 44, fue aprobado casi sin modificaciones.
Dudas sobre el impacto en el empleo
Farías puso en duda que la reforma pueda revertir la caída del empleo y la crisis que atraviesan distintos sectores productivos.
Si bien expresó su deseo de que se generen nuevos puestos de trabajo, advirtió que no observa herramientas concretas en el texto aprobado que permitan anticipar ese resultado. “Ojalá suceda, porque todos queremos que se generen puestos de trabajo, pero no estamos viendo que esta reforma vaya a producir ese efecto”, afirmó.
A su entender, la situación actual responde principalmente a decisiones de política económica. Mencionó la retracción del consumo, el alto costo del crédito y el ingreso de productos importados “sin restricciones” que compiten con la industria nacional. “Es difícil que una modificación de la legislación laboral cambie esas condiciones”, remarcó.
Advertencia por más juicios y planteos judiciales
El legislador también advirtió que la nueva ley podría derivar en un aumento de la conflictividad judicial. Explicó que la norma introduce cambios en aspectos centrales del derecho laboral, como el contrato de trabajo, la presunción de vínculo laboral y el régimen de indemnizaciones.
“Se anticipa una alta litigiosidad y habrá muchos planteos de inconstitucionalidad”, sostuvo. Según explicó, algunos artículos podrían entrar en tensión con principios constitucionales de protección al trabajador y ser impugnados ante la Justicia.
En ese escenario, sindicatos, trabajadores o asociaciones podrían presentar demandas hasta que los tribunales definan la validez de los cambios. Por eso advirtió que uno de los objetivos del oficialismo -reducir los juicios laborales- podría no cumplirse y generar el efecto contrario.
Farías también rechazó la derogación de estatutos especiales, entre ellos el del periodista, y cuestionó que la eliminación se haya realizado “sin ninguna explicación oficial”. A su criterio, cada régimen merecía un debate específico.
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces en el recinto y dejó expuestas las diferencias internas en algunos bloques. Con la ley ya aprobada, el foco ahora estará puesto en su aplicación y en las eventuales definiciones judiciales que puedan surgir a partir de su implementación.
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