La provincia de Santa Fe se encuentra en un proceso de reforma de su sistema laboral para intentar revertir una estadística alarmante: lidera el ranking nacional de juicios laborales por habitante. En diálogo con LT9, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, brindó detalles sobre la modificación del Código Procesal Laboral que actualmente se debate en la Cámara de Senadores tras recibir el visto bueno en Diputados.
“Entre enero y marzo, Santa Fe registró casi 4.300 juicios laborales, mientras que Córdoba, en el mismo período, tuvo 1.500. No hay sistema que aguante una brecha así”, sentenció Cunha. Según el funcionario, esta anomalía genera un costo adicional de 100 millones de dólares anuales para las Pymes de la provincia en concepto de alícuotas de ART, restándoles competitividad frente a empresas de Mendoza o Córdoba.
El fin del “perito interesado”
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un cuerpo de peritos oficiales y la modificación en la forma en que estos profesionales cobran sus honorarios.
“Hoy, el perito cobra en función del monto del juicio; es decir, cuanto mayor es el daño o la incapacidad que dictamina, más cobra. Es como si el VAR cobrara por cada penal que sanciona”, comparó gráficamente Cunha. El nuevo código propone que los peritos sean oficiales y que sus honorarios estén desacoplados del resultado, estableciendo un monto fijo (hasta 5 JUS) para garantizar la imparcialidad.
Accidentes en baja, juicios en alza
Cunha aportó un dato paradójico: mientras los accidentes laborales han bajado gracias a la prevención en el sector privado, la litigiosidad en Santa Fe se disparó un 20% el último año, contra un 6% de la media nacional.
“El recurso humano es el capital más importante y las Pymes lo cuidan, pero enfrentamos una anomalía local. El trabajador que realmente sufre un accidente termina perdiendo, porque demora tres años en cobrar algo que debería resolverse en 45 días”, explicó el secretario.
Hacia un sistema más ágil
La reforma busca complementar la adhesión a la Ley de ART que Santa Fe realizó años atrás, pero que nunca se implementó de forma completa. Cunha destacó que ya se firmó un convenio entre el Ejecutivo, la Corte Suprema y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para monitorear el funcionamiento de las comisiones médicas.
“No es una medida mágica, pero es una variable fundamental para ordenar un sistema que hoy solo beneficia a unos pocos y castiga el corazón productivo de la provincia”, concluyó el funcionario.
Tratamiento inminente
Tras una ronda de consultas que incluyó a cámaras empresariales, el Colegio de Abogados y los autores del proyecto —los diputados José Corral y Martín Rosúa—, la iniciativa está lista para su definición. “Este jueves tiene preferencia en el Senado. Es parte del ADN de este gobierno poner orden en las cosas que no funcionan bien y que le quitan competitividad a Santa Fe frente al resto del país”, concluyó Cunha.
Autor
