La querella de la vicepresidenta reclama, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los autores materiales y algunos eventuales cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permaneces abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre.
La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como “Vialidad”.
“Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron”, sostuvo Cristina desde su despacho del Senado en el marco de una audiencia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube que dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que interviene en esa causa.
Los detenidos
Se encuentran detenidos y procesados como coautores del hecho Fernando André Sabag Montiel, el hombre que gatilló una pistola con cinco balas en el cargador apuntada a la cabeza de la exmandataria; y su pareja Brenda Uliarte (23), quien lo acompañó hasta el lugar del hecho y se jactaba en mensajes de WhatsApp de haberlo enviado a cometer el magnicidio.
También se encuentra detenida Agustina Díaz (21), quien registra conversaciones con Uliarte, al menos desde el 4 de julio, en las que se habla de matar a Fernández de Kirchner e incluso de cómo esconderse luego para evadir el accionar de la Justicia.
Y hay aquí una particularidad aún no develada: Díaz usaba una línea telefónica a nombre de Uliarte y su teléfono comenzará a ser peritado esta semana.
No será el único: hay al menos otros 5 teléfonos secuestrados en distintos allanamientos que serán sometidos a peritajes en los próximos días, aunque es baja la expectativa de que surjan de allí datos de trascendencia.
El cuarto detenido del caso es Nicolás Gabriel Carrizo (27), el hombre se que se hizo conocido el 2 de septiembre cuando protagonizó una entrevista junto con Uliarte en el noticiero del canal televisivo Telefe, en la que se presentó como el jefe de un grupo de vendedores de copos de nieve que estaban recibiendo amenazas por haber tenido entre sus empleados a Sabag Montiel.
De las propias comunicaciones de Carrizo y de su manejo del WhatsApp y el Telegram surgen líneas de investigación en las que ya trabajan la Justicia y su auxiliares: en las conversaciones que ya fueron analizadas por los investigadores surgen elementos que colocan a ese imputado como alguien con ciertos conocimientos del submundo de la inteligencia, pero también de la Justicia y del accionar de las fuerzas policiales, a la vez que aparece como quien conduce a Uliarte en las horas posteriores al ataque.
Es el propio Carrizo el que diseña la estrategia de ir a los medios de comunicación a dar una entrevista y desde ese lugar fue el que se ocupó de definir las condiciones y de reunir, el 2 de septiembre, al resto de los supuestos vendedores de copos de nieve con la propia Uliarte.
“Brenda necesito que hablemos de algo. Nos están investigando, incluso a vos. Tenemos los teléfonos pinchados (…) vamos a darle una montada a los medios de mirada. Si, tenés que venir con nosotros. Pero antes de eso vamos a hablar acá y lo que tenés que decir”, le dijo Carrizo a Uliarte horas después del ataque fallido, cuando actuaba como quien maneja todas las variables.
La comunicación entre Carrizo y Uliarte
En las horas posteriores al ataque Carrizo le indicó a Uliarte cómo moverse; la conversación fue la siguiente, según reconstruyó Télam:
Carrizo: Ponete un barbijo y actúa normal, viajá en bondi y listo. (…) tendrías que salir ahora. A esta hora la gente sale a laburar
Brenda: Perdonen chicos en el lío que los metimos.
Carrizo: Lo único que te puedo decir es que estamos investigados. La llamaron a la mamá de Miguel (Ángel Castro Riglos, uno de los supuesto vendedores de copos de nieve).
Brenda: ¿Posta?
Carrizo: Y le preguntaron si tenía vínculo con Sabag Montiel. No es joda.
Brenda: Tengo miedo que vayamos todos en cana si salimos a hablar.
Carrizo. No boluda, sabés de qué tenés que tener miedo, de la condena social. Legalmente nosotros no hicimos nada. Pero la justicia duda de complicidad. Yo sé cómo se manejan esta gente. Y sé cómo lo toma la gente que mira la tele. Hay que ir hoy mismo.
Esa secuencia de mensajes, que incluyó también conversaciones con otros miembros de su grupo de pertenencia, continuó hasta la tarde-noche del viernes 2 de septiembre, cuando le dieron la entrevista a Telefe; luego Carrizo cambiaría el tono de sus conversaciones hasta el punto de acusar a Uliarte de haberles mentido.
“Boluda escuchame, mirá acá andan en la tele están diciendo que vos lo viste el mismo día (del hecho), que fuiste a cobrar diez lucas con él y vos dijiste en la tele dijiste, que hacía como dos días no lo viste, eso es lo que pasa boluda, eso es lo que yo te estoy diciendo, que hay cosas que van a quedare en el aire y quedamos como unos mentirosos”, le reprocharía.
Días más tarde, el 14 de septiembre, Carrizo se convertiría el cuarto detenido del caso en el que se investiga el intento de magnicidio.
En este contexto, no fue bien recibida por la querella la noticia revelada por Télam este sábado de que la jueza Capuchetti decidió rechazar la competencia que le había conferido su colega Marcelo Martínez de Giorgi en relación a una causa en la que se investigan los mensajes violentos y amenazantes en contra de la vicepresidenta y otros miembros del Gobierno lanzados desde la cuenta de Revolución Federal en la red social Instagram.
Ahora será la Cámara Federal porteña la que deberá decidir si ese asunto se investiga junto con el ataque a las dos veces presidenta, y por ende queda en manos de Capuchetti, o en forma completamente separada, en manos de Martínez de Giorgi.
Mientras tanto, esa causa pasó a estar bajo secreto de sumario mientras se llevan a cabo una serie de medidas que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita y que tienden a determinar quiénes financian ese espacio.
