La situación en la empresa Lácteos Verónica, con plantas de producción en Clason, Lehmann y Suardi, se agrava con el paso de los días. Actualmente, las tres sedes permanecen sin actividad, mientras que alrededor de 700 trabajadores atraviesan un escenario crítico debido a la falta de pago de salarios y la incertidumbre sobre el futuro laboral.
En ese contexto, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, advirtió que el conflicto se agrava y sostuvo que no se advierte voluntad empresaria para encaminar una solución que permita destrabar la situación.
Gastaldi sostuvo que, pese a la aparición de potenciales interesados en adquirir las plantas, la firma no muestra intención de vender ni de encontrar una salida al conflicto. “Ya quedó claro que la parte patronal no tiene intenciones de vender”, afirmó.
Según explicó, la semana pasada se desarrolló una nueva reunión impulsada por el senador provincial Felipe Michlig junto a representantes de los municipios afectados, con el objetivo de coordinar acciones frente al agravamiento de la situación.
Buscan unificar las demandas judiciales
Gastaldi indicó que actualmente existen presentaciones judiciales en distintos fueros -laboral, comercial y penal-, pero consideró que la dispersión de las causas debilita las posibilidades de avanzar contra la empresa.
“Lo que se está tratando de hacer es unificar toda esa demanda judicial para que tome más fuerza y pueda generar el llamado a concurso o la declaración de quiebra de la empresa”, señaló.
El intendente también deslizó que existen elementos que merecen ser investigados por la Justicia. “Lo que se observa son algunas maniobras que al menos rozan lo delictivo o merecen algún tipo de investigación”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que si bien los empresarios tienen libertad para continuar o no con el negocio, deben responder por las obligaciones asumidas. “No tienen la libertad de no cumplir con los proveedores, los transportistas, los productores, los empleados o la provincia”, advirtió.
“Los empleados ya no pueden más”
Gastaldi aseguró que la situación de las cerca de 700 familias vinculadas a la compañía es cada vez más delicada y cuestionó la falta de definiciones por parte de la conducción empresarial.
“Creo que esto ya se trata de un fraude”, expresó, al tiempo que recordó que la empresa mantiene deudas con trabajadores, productores, proveedores e incluso con la Empresa Provincial de la Energía.
Respecto de la planta ubicada en Suardi, explicó que permanece abierta y con servicios básicos, aunque sin actividad productiva. Los trabajadores continúan concurriendo diariamente, cumplen sus horarios y realizan tareas de mantenimiento.
“Siguen fichando, cumplen las ocho horas y se van. Desde el punto de vista económico y psicológico es terrible para el empleado”, lamentó.
Finalmente, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y de los municipios para asistir a las familias afectadas mientras se busca una resolución definitiva al conflicto. “Hoy tratamos de ayudar y paliar la situación de los trabajadores, porque realmente ya no pueden más”, concluyó.
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