Septiembre es el mes de concientización y prevención del suicidio, una problemática que en Argentina muestra un crecimiento sostenido y que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.
En este contexto, Néstor Martínez, suicidólogo y coordinador de grupos de ayuda mutua, puso el foco en la necesidad de hablar de manera responsable sobre el tema, fortalecer los vínculos y comprender también el contexto socioeconómico en el que las personas atraviesan sus crisis.
“El suicidio es muerte, pero hablar correctamente de él es vida”, sostuvo Martínez en diálogo con Esta Pasando, y planteó que la prevención requiere que todos los sectores de la sociedad asuman un rol activo.
“Acá tenemos que tomar parte todos los actores de la sociedad: políticos, referentes sociales, educativos y los medios”, afirmó.
Su propuesta se da en un escenario nacional que confirma la dimensión de la problemática. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), analizados por el Observatorio de Política Criminal (OPC), durante 2025 se registraron 5.209 suicidios, frente a los 4.249 de 2024. Es el número más alto de toda la serie desde 2017 y representa un incremento del 22,6% en un solo año.
Una crisis con dimensión social
En lo que refiere a las causalidades, Martínez remarcó que no existe una única explicación para una conducta suicida. “No siempre el que tiene ideación o crisis suicida padece una patología mental, es multifactorial”, explicó.
Esa mirada obliga a ampliar la discusión y observar también las condiciones en las que transcurre la vida cotidiana de millones de personas. La pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para llegar a fin de mes, el endeudamiento, la incertidumbre laboral, la precariedad y la falta de expectativas pueden convertirse en factores de enorme presión cuando se acumulan con otras situaciones personales o familiares.
El propio informe del Observatorio de Política Criminal menciona entre los contextos de vulnerabilidad las dificultades socioeconómicas, la falta de empleo formal y el endeudamiento, además de problemas de salud mental, aislamiento, consumos problemáticos y ludopatía.
No se trata de establecer una relación directa entre pobreza o dificultades económicas y suicidio. La conducta suicida es compleja y responde a la interacción de múltiples factores. Pero un contexto de deterioro económico puede profundizar el estrés, la angustia, la frustración y la sensación de no encontrar una salida, especialmente cuando una persona ya atraviesa otras situaciones de vulnerabilidad.
En una sociedad donde muchas familias hacen esfuerzos para sostener gastos básicos, donde los ingresos pierden capacidad de compra y donde el endeudamiento aparece como unica forma de llegar a fin de mes, la salud mental se convierte en un privilegio que puede pensarse por fuera de esas condiciones materiales.
A esto se suma, en el caso de adolescentes y jóvenes, un escenario atravesado por la incertidumbre respecto del futuro. Martínez habló justamente de la necesidad de recuperar la expectativa de una vida posible y de fortalecer los vínculos como espacios de contención.
¿Quiénes son los más afectados?
La problemática adquiere una dimensión especialmente preocupante entre adolescentes y jóvenes. En Argentina, según Martinez, por día 18 personas toman esta decisión, de las cuales 16 son varones y 14 tienen entre 10 y 30 años.
Las estadísticas oficiales permiten dimensionar esa preocupación. Los últimos datos desagregados disponibles, correspondientes a 2024, indican que aproximadamente el 45,3% de las personas fallecidas por suicidio tenía entre 15 y 34 años. El Observatorio de Política Criminal advirtió además que el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de esa franja etaria.
La tasa nacional pasó de 8,2 suicidios cada 100.000 habitantes en 2017 a 11,8 en 2025. En términos absolutos, los 5.209 casos registrados durante el último año representan más de 14 muertes por día.
Pero detrás de las estadísticas hay historias atravesadas por múltiples factores. Martínez llamó a no reducir esas situaciones a una explicación sencilla ni a un único acontecimiento.
“Es un proceso, puede haber un detonante, algo que active, pero hay múltiples factores”, explicó.
Por eso, una separación, un conflicto familiar, un problema económico, una dificultad escolar o laboral no deben analizarse de manera aislada. Pueden funcionar como detonantes dentro de un contexto previo de sufrimiento y vulnerabilidad.
Escuchar, acompañar y estar presentes
Uno de los principales ejes de la entrevista fue la necesidad de recuperar los vínculos como una herramienta concreta de prevención.
“Volver a los vínculos. Volver a escuchar. Volver a estar pendiente del otro”, funcionan como mecasnismos de intervención temprana resumió Martínez.
El especialista, además, destacó que muchas veces una persona que atraviesa una crisis no necesita inicialmente una respuesta compleja, sino encontrar a alguien dispuesto a escucharla sin juzgar ni minimizar lo que siente.
“No hay que bajarle el precio a los problemas de los adolescentes”, afirmó. Y puso como ejemplo situaciones que desde la mirada adulta pueden parecer menores, pero que para un joven pueden representar un sufrimiento profundo.
En esta línea, cuestionó las respuestas automáticas que suelen recibir quienes atraviesan una crisis y manifiestan que sienten que no pueden seguir adelante. “Dale, echale ganas, pensá en positivo”, son algunas de las frases que, según Martínez, pueden minimizar el sufrimiento de una persona en esa situación.
Frente a esto, remarcó que la conducta suicida no debe interpretarse simplemente como un deseo de morir, sino como una expresión de un sufrimiento que la persona siente que ya no puede soportar. “El suicidio no es querer morir, es querer dejar de sufrir. Es querer dejar de vivir de la forma en que está viviendo cada día, es no soportar la carga, ese dolor lo acorrala”, explicó.
Una responsabilidad que requiere actuar a tiempo
Finalmente Martínez se refirió al rol del Estado en este conflicto y remarcó que una persona que atraviesa una crisis suicida necesita una respuesta inmediata. “Los servicios de salud mental del sistema público están colapsados”, advirtió, y destacó la importancia de capacitar a policías y bomberos para reconocer señales y actuar adecuadamente.
La necesidad de fortalecer la respuesta estatal también aparece en el informe del Observatorio de Política Criminal, que advirtió sobre la baja ejecución del presupuesto destinado a salud mental. Durante 2025 se ejecutó el 31,2% del presupuesto del área y el organismo reclamó que se declare la emergencia en salud mental.
Además, sostuvo que la respuesta no puede quedar exclusivamente en manos de especialistas. La familia, la escuela, los amigos, las instituciones y los medios también tienen un papel en la detección y el acompañamiento.
“Si llegó a ese punto es porque fallamos como sociedad. No se lo escuchó, no se lo visibilizó y, si pidió ayuda, no la encontró”, sostuvo.
Argentina cuenta desde 2015 con la Ley 27.130 de Prevención del Suicidio, que contempla acciones de detección temprana, capacitación y asistencia. Sin embargo, estas políticas enfrentan un fuerte desfinanciamiento.
En este contexto, el desafío de Septiembre Amarillo es convertir la concientización en acciones concretas: escuchar, acompañar, no minimizar el sufrimiento y garantizar el acceso a atención profesional.
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