La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil a nivel nacional abrió un nuevo escenario para el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes.
En Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación ya tiene experiencia en la materia desde junio de 2025, cuando comenzó a intervenir en los procesos penales de adolescentes.
En diálogo con Está Pasando, el fiscal a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal de Menores de Edad, Luis Schiappa Pietra, explicó los cambios que impactarán en el sistema y anticipó un incremento significativo de las causas.
“La provincia desde junio del año 2025 ya tiene a cargo la incumbencia en materia penal de adolescente y eso significó un cambio muy grande para el funcionamiento del sistema”, comentó Schiappa Pietra. Según detalló, con el nuevo esquema dejaron de ser los jueces quienes administran y conducen las investigaciones y esa responsabilidad pasó a los fiscales.
La baja de la edad y el impacto en las causas
Uno de los principales cambios del nuevo régimen es la reducción de la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado penalmente.
En este sentido, el funcionario judicial señaló que hasta ahora existía una diferenciación entre los adolescentes de 14 a 16 años, considerados no punibles, y los de 16 a 18, que sí podían ser alcanzados por el sistema penal. Con la nueva normativa, esa distinción desaparece.
Por ese motivo, el fiscal estimó que la cantidad de expedientes que deberá abordar el MPA prácticamente se duplicará. “Nosotros estimamos que vamos a tener prácticamente el doble de cantidad de casos ahora como punible”, sostuvo.
De todos modos, aclaró que los casos de adolescentes de entre 14 y 16 años presentan, en términos generales, características diferentes. “En materia de chicos que antes eran no punibles, que ahora lo son, entre la franja entre 14 y 16, hay una criminalidad algo menos, si se quiere, o menos adictiva que entre la gama de 16 a 18 años”, explicó.
En Santa Fe, los procesos continuarán bajo el sistema de audiencias orales establecido por la legislación provincial. Sin embargo, los procesos que involucran a menores tienen particularidades vinculadas con la protección de sus derechos. Entre ellas, existe una mayor restricción al acceso del público y participan organismos vinculados a las áreas sociales y a los dispositivos administrativos.
Preocupación por la utilización de menores por bandas criminales
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la participación de adolescentes en organizaciones criminales, especialmente en Rosario y Santa Fe. Schiappa Pietra aseguró que se trata de una de las principales preocupaciones del Ministerio Público de la Acusación.
“Para nosotros, esta es una preocupación central, al punto que la Fiscal General Vranicich lo pone en agenda como un tema prioritario del Ministerio Público”, afirmó el fiscal, quien además señaló que se establecieron reglamentaciones especiales para abordar esta problemática.
Según describió, en las investigaciones realizadas sobre organizaciones criminales en la provincia se detectó de manera frecuente la participación de menores. “En Rosario y en buena medida también en Santa Fe, hoy las organizaciones criminales prácticamente todas las que hemos llevado a los tribunales de juicio cuentan con algún integrante menor de edad en su seno para el funcionamiento operativo”, sostuvo.
El fiscal aclaró que no todos los casos responden a una misma lógica. En algunas situaciones existe una utilización directa de adolescentes por parte de adultos, mientras que en otras los jóvenes forman parte de estructuras delictivas desde edades tempranas. Por eso, remarcó que “hay que ver caso a caso”.
Un sistema que prioriza alternativas al encierro
Respecto de las sanciones, Schiappa Pietra remarcó que el régimen penal juvenil establece respuestas diferenciadas respecto de los adultos. La prisión es una posibilidad, pero existen distintas modalidades y alternativas.
“El sistema penal adolescente tiene por mandato constitucional que diferenciarse del adulto”, explicó. En ese marco, destacó el trabajo conjunto con distintas áreas del Ejecutivo para implementar medidas que no impliquen necesariamente la privación de la libertad.
El nuevo régimen contempla distintas modalidades de prisión, entre ellas el cumplimiento domiciliario, el régimen semiabierto y el cerrado. En el caso de la prisión domiciliaria, el fiscal mencionó la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de control.
“Esto abre la posibilidad a que una sanción de encierro sea cumplida en un domicilio con esos controles electrónicos”, señaló.
Schiappa Pietra también indicó que el procedimiento abreviado puede utilizarse en los casos de adolescentes. Se trata de acuerdos entre la acusación y la defensa que permiten evitar la realización de un juicio y establecer, bajo las condiciones correspondientes, una determinada respuesta penal.
Finalmente, el fiscal señaló que desde la entrada en vigencia del nuevo régimen ya se registraron casos que involucran a adolescentes de entre 14 y 16 años, aunque aclaró que, al momento de la entrevista, no había personas detenidas dentro de esa franja etaria.
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