Durante la sesión, el Senado otorgó media sanción al Mensaje del Poder Ejecutivo N.º 27/2026, que establece un sistema de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, luego de un trabajo conjunto entre el oficialismo y el Bloque Justicialista, que incorporó propuestas para enriquecer el texto.
El senador Esteban Motta destacó la relevancia del proyecto y sostuvo que la problemática debe abordarse a partir de hechos concretos, más allá de las diferencias ideológicas. En ese sentido, señaló que la respuesta frente a la violencia de género estuvo condicionada por la fragmentación de las instituciones y remarcó que la protección de las víctimas debe estar por encima de cualquier otra consideración.
Asimismo, afirmó que la propuesta busca establecer un nuevo nivel de prevención y fortalecer la responsabilidad del Estado frente a esta problemática. También destacó la rapidez del tratamiento legislativo, al señalar que, ante la urgencia de la situación, el proyecto obtuvo media sanción a una semana de su ingreso.
Por su parte, el senador Ciro Seisas, en su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad, aportó datos sobre la magnitud de la violencia de género. Indicó que una de cada cuatro llamadas al 911 está relacionada con situaciones de este tipo y que el departamento Rosario concentra 20 de los 37 casos de femicidio mencionados. Además, señaló que durante el último año se registraron más de 6.700 consultas, equivalentes a unas 18 denuncias diarias, según datos recopilados por el sistema de atención de denuncias en materia de inseguridad.
El senador Rubén Pirola coincidió en la necesidad de avanzar con medidas de prevención y calificó las cifras como preocupantes. También destacó la incorporación de herramientas tecnológicas y valoró que las acciones de coordinación continúen bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, una propuesta planteada por el Bloque Justicialista y aceptada por el oficialismo.
Al cierre del tratamiento, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el trabajo conjunto que permitió alcanzar la unanimidad. Explicó que la iniciativa fue analizada en una reunión con ministros, senadores y diputados, además de intercambios con integrantes del Bloque Justicialista.
Principales herramientas
La iniciativa propone clasificar las situaciones de violencia de género en cuatro niveles de riesgo —bajo, medio, alto y crítico— para determinar las medidas de protección necesarias según cada caso. También contempla la creación de un registro digital unificado que reúna denuncias y medidas de protección, facilite el intercambio de información entre organismos y resguarde los datos personales.
Para las situaciones de riesgo alto o crítico, establece como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y del agresor, con excepciones que deberán ser justificadas judicialmente. Además, prevé la intervención estatal ante alertas técnicamente validadas, sin exigir que la víctima confirme el pedido de asistencia, y el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego en los casos de mayor riesgo.
Entre las herramientas de protección que podrán disponer los jueces se incluyen restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros dinámicos, dispositivos de alerta y medidas frente al hostigamiento digital. El incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a una nueva evaluación del riesgo y a otras decisiones judiciales; también se contempla, de manera excepcional, un arresto conminatorio de carácter procesal y temporal.
El proyecto prevé, además, un procedimiento simplificado para solicitar protección, asistencia jurídica gratuita y urgente, y la prohibición de recurrir a mediaciones o conciliaciones en estos casos. A su vez, propone la creación de un equipo especializado dentro del Ministerio Público de la Defensa para acompañar a las víctimas, medidas específicas para proteger a niños y adolescentes expuestos indirectamente a situaciones de violencia y un fondo de asistencia de emergencia destinado a cubrir gastos urgentes, como traslados, alojamiento temporal, cambio de cerraduras y medidas de seguridad en el hogar.
Finalmente, la iniciativa plantea revisar las medidas de protección, promover programas de abordaje y fortalecer la coordinación entre los organismos estatales para mejorar la respuesta frente a la violencia de género.
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