La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolín, informa sobre una nueva modalidad de estafas a través de correos electrónicos enviados a nombre de la Policía Federal Argentina (PFA) o Interpol en los que se advierte a las víctimas que existe en su contra una investigación penal por “pornografía infantil” y “ciberpornografía”, entre otros aspectos, y se las amenaza con una “inminente orden de aprehensión a raíz de una incautación informática por ciberinfiltración en sus computadoras”.
Los mensajes buscan obtener datos personales de las víctimas a través de los “descargos” que produzcan frente a los delitos de los que se los acusa -como fotos de sus documentos, que luego puedan ser utilizados para otras maniobras- o, incluso, obtener dinero con un depósito de mil dólares en Bitcoins a cambio de cerrar la investigación.
La UFECI informa que el contenido de estos mails es falso y que quienes hayan sido víctimas no respondan a los correos ni entreguen dinero y que ante la duda realicen la denuncia en la comisaría más cercana a su domicilio.
Uno de los correos atribuidos a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA indica que, para respetar la confidencialidad de quien debe realizar el descargo, el remitente espera una respuesta con las justificaciones pertinentes a una dirección de correo electrónico, para que “puedan ser examinados y verificados los hechos con el fin de evaluar las sanciones en un plazo estricto de 48 horas”.
El mismo mensaje advierte a las víctimas que, si no realizan el descargo correspondiente, el expediente se enviará a las asociaciones de lucha contra la pedofilia y a los medios de comunicación para su publicación.
Otro de los correos que circula agrega que solo hay una manera para detener la investigación en curso: el envío de un monto de mil dólares estadounidenses en Bitcoins a una cuenta detallada en el mismo mensaje. Esa posibilidad, agrega el remitente, se ofrece por única vez a la víctima y con un plazo perentorio.
Advierten a las víctimas que, si no realizan el descargo correspondiente, el expediente se enviará a las asociaciones de lucha contra la pedofilia y a los medios de comunicación para su publicación.
En el mensaje se explica que, si el damnificado no sabe cómo comprar Bitcoins y transferirlas, puede buscar la información disponible en Internet.
También advierte que quienes reciban el correo tienen un plazo de 48 horas a partir de la apertura y lectura de ese documento oficial -ya que tienen intervenidos todos sus sistemas y dispositivos de comunicación- para hacer los pagos. “Si piensa en denunciar solo se entregará usted mismo, y le aseguro que no es lo que desea”, amenaza.
Para finalizar, aclara que una vez que se reciba el monto en la dirección especificada las diligencias que ya se encuentran en proceso serán archivadas y posteriormente destruidas.
“Tiene plena garantía de ello. Y en caso de que haga caso omiso de la presente oferta, se dará seguimiento y autorización para cateo policial en su(s) propiedad(es), así como la ratificación de los cargos penales que pesan actualmente en su contra, y finalmente se complementará la orden de aprehensión en el lugar de territorio nacional dónde se encuentre”, advierte.
Otros de los correos que circulan, adjudicado a Interpol, detalla que, a solicitud del secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, jefe del Departamento de Riesgos Mayores, “Brigada para la Protección de Menores”, se debe responder por propia voluntad sobre el delito de pornografía infantil, pedofilia, exhibicionismo y pornografía cibernética.
Allí se explica que las acciones legales por cometer estos delitos se emprenderán después de la incautación de una computadora. Además, destaca que estos hechos pueden ser castigados con cinco años de prisión y una multa de 80 mil dólares.
Añade que, pasado el plazo de 72 horas sin respuesta a lo requerido, se remitirá el informe al Ministerio Fiscal para que dicte una orden de detención para ejecutarla por parte de la policía más cercana a su lugar de residencia.
“Después de este plazo estamos obligados a presentar nuestro informe al Fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional y especialista en ciberdelincuencia para que elabore una orden de detención contra usted, le envíe la gendarmería más cercana a su lugar de residencia para su arresto y sea registrado como delincuente sexual”, anticipa.
