La Operación “Aliados por la Infancia II” es la segunda acción internacional concebida y coordinada desde Argentina, a través del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.
En Argentina se realizaron 55 allanamientos simultáneos y otros tantos en Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Perú y México.
Hasta el momento hay 13 personas detenidas. Con la intervención del fiscal Tomás Vaccarezza, titular de la Fiscalía PCyF 17 especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, se lograron investigar más de 150 usuarios de redes P2P distribuidos en Argentina y el resto de los países. Los allanamientos solicitados por el fiscal Vaccarezza fueron otorgados por el Juzgado PCyF 7, a cargo de la Dra. Bettina Mobillo.
La operación tuvo su inicio, a raíz del trabajo en conjunto llevado acabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.
ICACCOPS desempeña un rol crucial en la detección de usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material de Abuso y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Al proporcionar pistas de investigación, esta plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos de este tipo, convirtiéndose en una herramienta esencial para miles de investigadores en todo el mundo que luchan por brindar asistencia en casos similares.
Así, con los datos recabados por el CIJ, el fiscal Vaccarezza dio inicio al caso y se logró identificar a una gran cantidad de usuarios distribuidos en todo el territorio nacional, individualizando a los posibles titulares y las locaciones desde donde se establecían las conexiones, información que posteriormente permitió derivarlos a las jurisdicciones pertinentes.
En relación con las locaciones identificadas en la Ciudad de Buenos Aires, las tareas de constatación se llevaron a cabo en colaboración con la Sección Delitos Informáticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía de la Ciudad, División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional, División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina. Por su parte, respecto de los objetivos localizados en distintas provincias, la información fue enviada a las autoridades correspondientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero, Salta y San Juan para que ordenaran los respectivos allanamientos.
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