La decisión del Municipio de Santa Fe de otorgar una nueva prórroga para definir un marco normativo actualizado que regule el transporte de pasajeros intermediado por plataformas digitales como Uber y Didi volvió a encender el conflicto con el sector tradicional de taxis y remises.
Mientras que desde la Secretaría de Movilidad aseguran que se trata de una medida necesaria para avanzar hacia una ordenanza “funcional y aplicable”, desde la Asociación Civil Sociedad de Taximetristas Unidos denuncian un “descontrol deliberado” y acusan al intendente Juan Pablo Poletti de incumplir con su palabra.
“La ciudad ha avanzado más que Rosario, Paraná, Córdoba o incluso Capital Federal. Pero no queremos apurar una ordenanza que después no se pueda cumplir”, sostuvo el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Mastropaolo. En esta línea aseguró que actualmente hay ocho plataformas inscriptas y alrededor de 700 choferes habilitados, aunque reconoció que Uber y Didi —las dos más utilizadas— no lo están. Por otra parte, defendió los controles realizados, con 130 vehículos secuestrados por operar de forma irregular.
Mastropaolo también ratificó que toda forma de transporte en moto “está prohibida por ordenanza” y que si se evalúa su incorporación deberá debatirse en el Concejo. “Queremos una norma que escuche a la gente y que refleje el dinamismo de este tipo de servicios”, agregó, destacando que un 30% de los choferes cambia cada mes, lo que exige una mirada más flexible del sistema.
¿Qué dicen los taxistas?
La respuesta de los taxista frente a esta medida no se hizo esperar, desde la Sociedad Taximetrista emitieron un comunicado que cuenta con la firma de diversas entidades del sector, entre ellas remiserías y federaciones nacionales, en el que expresan su “profunda decepción y malestar” ante lo que consideran una falta de control efectivo.
En el escrito acusan al Ejecutivo de “satisfacer a plataformas fantasmas que operan a los ojos de todos”, de “destruir el sistema público de transporte” y de convertir las calles en una “zona de nadie”.
En este sentido, sostienen que el Intendente prometió igualdad de condiciones y no cumplió. “Hoy somos los únicos inscriptos en el registro y vemos cómo las calles se inundan de prestadores ilegales. No vamos a tolerar más esta situación”, reclamaron, al tiempo que ratificaron el estado de alerta y asamblea permanente, con la posibilidad de avanzar en medidas de fuerza.
En el centro del conflicto, la Ordenanza N°12991 -vigente desde 2023- establece un marco regulatorio para estas plataformas, pero desde el sector privado denuncian que no se cumple ni controla. Desde el Ejecutivo sostienen que, más allá de lo ya reglamentado, es necesario avanzar en una normativa “moderna y realista” que contemple cambios como el dinamismo laboral y las preferencias del usuario santafesino.
La discusión promete escalar en los próximos días. La prórroga otorgada es por 90 días, aunque podría acortarse si el Ejecutivo logra consensuar antes una propuesta. De lo contrario, se podría extender nuevamente, algo que desde el sector tradicional rechazan de plano.
En medio del cruce de posturas, una certeza emerge: la ciudad necesita una regulación que equilibre la innovación tecnológica con la seguridad, la equidad y el respeto a los actores tradicionales del transporte. Pero mientras eso no ocurra, el conflicto seguirá latente.
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