La reciente reforma del sistema penal juvenil en Santa Fe, mediante la Ley 27.801, trajo nuevamente al centro del debate la edad a la cual el Estado puede procesar y penar a un menor. La Dra. Jaquelina Balangione aclaró que, aunque la ley fue promulgada en marzo, recién entrará en vigencia en septiembre. “Hasta entonces, la edad de imputabilidad sigue siendo de 16 años. A partir de la primavera, el Estado podrá perseguir penalmente a chicos desde los 14 años”, explicó.
El mito de la inseguridad y los menores
Para la especialista, la decisión de bajar la edad de imputabilidad responde más a un discurso político que a una solución real contra la inseguridad. “Si uno mira las estadísticas, la incidencia de delitos cometidos por menores es mínima. En los pabellones juveniles vemos mayoritariamente a chicos de condiciones muy humildes, captados por el mercado criminal para delitos predatorios como robos o hurtos, donde pasan poco tiempo detenidos”, detalló.
Balangione advirtió sobre un efecto contraproducente: “Se dice que se baja la edad porque los adultos usan a los menores para delinquir. Si criminalizamos a los de 14, el mercado criminal simplemente va a buscar a chicos más chicos, de 12 o 13 años. El Estado, en vez de proteger al niño para que no sea usado, elige ampliar la criminalización”.
El caso San Cristóbal: un hecho “disruptivo”
La doctora hizo una distinción clara entre la delincuencia juvenil ligada a la marginalidad y el reciente suceso en una escuela de San Cristóbal, donde un menor irrumpió con un arma. “Este hecho rompe con todo lo que estamos acostumbrados a ver. No es el ‘pibe que roba un celular’; se asemeja más a los episodios escolares de Estados Unidos, donde hay una naturalización de las armas en las viviendas”.
Frente a la reacción social que pedía aplicar la nueva ley a este caso, Balangione fue tajante: “Inmediatamente cae esa posibilidad por dos motivos: primero, la ley rige desde septiembre y no es retroactiva; segundo, no podemos olvidar que, más allá de la gravedad extrema y la tragedia de las familias afectadas, se trata de un niño”.
Protección constitucional vs. clamor social
La Dra. Balangione recordó que, legalmente, toda persona es considerada niño hasta los 18 años según la Convención Internacional de los Derechos del Niño. “Un chico de 14 o 15 años tiene su capacidad en formación. Cuanta menos contención familiar, alimentación y acceso a la salud tiene un joven, más posibilidades hay de que se pierda en el sistema”.
Finalmente, subrayó que el sistema penal debe respetar los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. “El abordaje en casos como el de San Cristóbal debe ser integral y no solo punitivo, porque ese chico, a pesar del horror del hecho, sigue gozando de una protección constitucional que el Estado no puede ignorar”, concluyó.
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