La discusión por el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro abrió diferencias dentro del oficialismo santafesino.
En ese contexto, la abogada penalista Jaquelina Balangione cuestionó las reformas propuestas y advirtió que algunas de sus disposiciones podrían afectar garantías constitucionales y alterar el funcionamiento del sistema de justicia penal.
En su columna semanal en Amanecer no es poco, sostuvo que las iniciativas representan un retroceso respecto de los principios que guiaron la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe, orientado a ampliar las garantías procesales. “Las garantías están pensadas a favor de la población en general, no de los delincuentes”, remarcó, al rechazar los argumentos que presentan esas protecciones como un obstáculo para combatir el delito.
Las garantías constitucionales, en el centro de la discusión
Uno de los puntos centrales del debate son las garantías de la ciudadanía, en este sentido Balangione advirtió que las propuestas avanzan sobre derechos que no pueden quedar sujetos a decisiones discrecionales de las fuerzas de seguridad. Entre los puntos que cuestionó mencionó la posibilidad de tomar declaración a una persona imputada sin la presencia de su abogado defensor y la delimitación de zonas urbanas en las que la Policía tendría facultades ampliadas.
Para la abogada, estas medidas exceden las modificaciones que se introdujeron en los últimos años al sistema penal y abren un escenario de mayor preocupación institucional. “Ahora, esto que se está proponiendo ya es otra cosa, son palabras mayores”, afirmó.
También cuestionó las iniciativas que buscan ampliar las atribuciones policiales para realizar determinados procedimientos sin autorización judicial previa. En ese sentido, sostuvo que las restricciones legales no impiden investigar delitos, sino que establecen controles para evitar que se vulneren derechos protegidos por la Constitución.
El control judicial sobre los procedimientos policiales
Uno de los principales cuestionamientos de Balangione estuvo relacionado con la posibilidad de habilitar el ingreso de la Policía a domicilios sin una orden judicial. Según explicó, los allanamientos requieren autorización previa de un juez, incluso cuando la medida se solicita en el marco de una investigación penal.
La abogada consideró que otorgar esa decisión a los propios agentes implica eliminar un control fundamental sobre el ejercicio del poder estatal. “¿Cómo vas a dejar a criterio de un policía que te entren a tu casa o que derriben una casa porque estiman que es un búnker?”, planteó.
Frente al argumento de que los tiempos judiciales pueden demorar procedimientos urgentes, Balangione sostuvo que la respuesta debería ser mejorar la organización del sistema y garantizar la disponibilidad de jueces, en lugar de modificar las reglas que protegen la inviolabilidad del domicilio.
“Son cuestiones que hay que gestionarlas. No podés vos cambiar la ley y dar vuelta, subvertir el orden constitucional para habilitar este tipo de cosas”, afirmó.
Cuestionamientos a los resultados y al discurso del Gobierno
Al referirse a la baja de los homicidios en Santa Fe, la abogada reconoció que se trata de un dato objetivo, aunque sostuvo que no cuenta con elementos suficientes para atribuir ese resultado a las medidas impulsadas por el Gobierno provincial.
Además, cuestionó las descalificaciones dirigidas desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial y las críticas a las garantías procesales. Para Balangione, ese discurso profundiza las tensiones institucionales y debilita los principios que deben regir el funcionamiento del Estado.
La abogada también advirtió que las reformas podrían derivar en nuevos planteos de inconstitucionalidad ante los tribunales. En ese escenario, consideró que se incrementaría la litigiosidad y el trabajo judicial para resolver la validez de las medidas en casos concretos.
Al cerrar su análisis, reclamó que se retomen los canales institucionales de diálogo y cuestionó que el debate avance sin una discusión más amplia entre los distintos sectores políticos. “Esto tiene que tener un corte urgente y retomar los canales institucionales de diálogo”, concluyó.
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