El uso de cámaras de videovigilancia y sistemas de inteligencia artificial para identificar y seguir a personas sospechosas abrió un nuevo debate sobre los límites de la actuación policial.
La provincia de Santa Fe, mediante una resolución dispuesta en enero de 2026 por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, amplió las posibilidades de intervenir ante situaciones consideradas de “flagrancia virtual”, una herramienta que, según advirtió en su columna semanal la abogada y exjueza Jaquelina Balangione, puede poner en tensión la inviolabilidad del domicilio y las garantías constitucionales.
En diálogo con Amanecer no es poco, Balangione explicó que el punto de partida es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece un sistema de garantías destinado a proteger a toda la sociedad. “No es cierto, es falaz cuando se dice que las garantías protegen a los delincuentes. Lo que protegen es la posibilidad de tener un juicio justo”, sostuvo.
La especialista recordó que el domicilio es inviolable y que, como regla general, para ingresar a una vivienda se necesita una orden judicial. La excepción está dada, entre otros supuestos, por la flagrancia, es decir, cuando una persona está cometiendo un delito o acaba de hacerlo y existe una situación de urgencia.
Qué cambia con la llamada flagrancia virtual
Balangione explicó que a nivel nacional existe desde 2024 una reglamentación que permite a las fuerzas federales actuar cuando un delito es captado por cámaras en tiempo real. En esos casos, la urgencia puede justificar el ingreso sin una orden previa, pero con determinadas condiciones y posterior control judicial.
El problema, según señaló, aparece cuando esa lógica se extiende a situaciones en las que ya pasó un tiempo considerable desde el hecho. “La flagrante antes era cuando el policía veía al ladrón con su propio ojo. Ahora lo ve a través de una cámara y la reconstrucción a través de un sistema de inteligencia artificial”, planteó.
La abogada explicó que los sistemas de inteligencia artificial pueden reconstruir recorridos y establecer probabilidades sobre los movimientos de una persona. Sin embargo, remarcó que no se trata de una percepción directa del agente policial, sino de una reconstrucción informática.
En Santa Fe, además, la discusión adquiere relevancia por la incorporación de nuevas herramientas de videovigilancia. Según detalló Balangione, la provincia avanza con la adquisición de cámaras y un sistema de software que permite realizar este tipo de seguimientos.
El caso de Rosario y la discusión judicial
Durante la entrevista, Balangione mencionó a modo de ejemplo un caso ocurrido en Rosario en el que, según relató, una cámara captó un presunto robo y un sistema de inteligencia artificial reconstruyó el recorrido de los sospechosos. Doce horas después, la Policía ingresó a una vivienda sin orden de allanamiento y detuvo a un menor de edad.
En primera instancia, una jueza anuló el procedimiento al considerar que las 12 horas transcurridas desde el hecho excedían el concepto de urgencia que permite actuar sin autorización judicial. Balangione coincidió con esa decisión y sostuvo que ese lapso era suficiente para que la Fiscalía solicitara una orden de allanamiento.
“Si es urgente siempre hay un juez que está de turno para este tipo de cosas y se evalúan rápidamente. Los jueces te dan la orden de allanamiento”, afirmó.
La decisión, sin embargo, fue posteriormente revocada por un juez de Cámara, quien consideró que la urgencia podía subsistir durante esas 12 horas. Ahora, según explicó Balangione, será necesario esperar qué criterio adopta la Corte Suprema de Justicia.
Para la exjueza, ampliar de esta manera las facultades policiales implica un riesgo para el sistema de garantías. “El juez es el guardián de la Constitución, el guardián de las garantías constitucionales”, sostuvo, y remarcó que toda decisión que implique afectar la libertad o ingresar a un domicilio requiere una evaluación judicial.
Finalmente, Balangione insistió en que el debate no debería plantearse como una oposición entre seguridad y garantías. “Las garantías no están puestas para proteger a los delincuentes, sino un proceso justo. Y especialmente a las personas de bien, porque siempre puede haber una confusión, una arbitrariedad”, señaló.
En ese sentido, advirtió que modificar progresivamente los límites establecidos por el Estado de Derecho puede terminar debilitando las propias reglas que buscan proteger a la ciudadanía. “No las podemos estar cambiando porque si no el Estado de Derecho deja de ser un Estado de Derecho”, concluyó.
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