El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de reestructuración del sistema vial y de la privatización de Corredores Viales S.A..
La medida contempla la administración de corredores mediante un esquema que podría incluir mantenimiento, explotación y financiamiento a través de peajes.
En diálogo con Amanecer no es Poco, el senador provincial Rodrigo Borla se refirió al llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de reestructuración vial y de la privatización de Corredores Viales S.A..
En este sentido, sostuvo que el proceso debe analizarse “con atención y cautela”, particularmente por el nivel de inversión que demandará la infraestructura vial y el eventual impacto que el sistema podría tener sobre los usuarios de las rutas.
La iniciativa contempla la transferencia de la administración de corredores al sector privado bajo un esquema que podría incluir mantenimiento, explotación y financiamiento mediante peajes.
Estado de la ruta 11
Borla remarcó las condiciones en las que se encuentra actualmente la traza y señaló que el proceso debe analizarse con especial atención, especialmente por el nivel de inversión que demandará la infraestructura y el eventual costo para los usuarios. En esa línea, indicó que, de acuerdo con los fundamentos de la licitación, el esquema parece priorizar la concesión del servicio por sobre la ejecución de nuevas obras viales.
El senador describió como “deplorable” el estado del tramo Videla-Crespo de la Ruta 11 y advirtió que existen sectores donde actualmente no hay empresa responsable del mantenimiento.
Por otra parte, sostuvo que el objetivo debe ser garantizar una circulación segura y transitable, y planteó que el esquema no debería orientarse exclusivamente a un fin recaudatorio, al recordar experiencias previas con sistemas de peaje en la región.
Finalmente, Borla remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control estatal en el desarrollo del proceso licitatorio y seguir de cerca la evolución de las condiciones técnicas y económicas de la concesión.
