En el marco del conflicto que atraviesan miles de ahorristas de Bauen Pilay, los abogados Fernando Sirio y Josefina Roldán dialogaron con Esta pasando sobre la estrategia judicial que impulsan contra la empresa.
Ambos representan a un grupo de damnificados y explicaron los fundamentos de la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional N° 2 de Rosario, donde solicitaron que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con la administración de los fondos aportados por las y los clientes.
Sirio sostuvo que la situación “excede en demasía una conducta entre particulares” y recordó que en 2003 la Inspección General de Justicia ordenó el cese de determinadas operatorias de la empresa en todo el país. Según explicó, aunque la firma apeló esa resolución, continuó cobrando las cuotas a los ahorristas.
“Ellos podrían adecuarse a la ley. Ellos podían adecuarse al control de la Inspección General de Justicia. No lo hicieron”, afirmó el abogado.
En este sentido, el letrado cuestionó además que, tras las resoluciones judiciales, la empresa modificara su modalidad de negocios mientras continuaba percibiendo los aportes de quienes habían ingresado a los planes originales.
“Siguieron cobrando, siguieron percibiendo las cuotas. No suspendieron las operaciones y dejaron a toda esa gente fuera del circuito”, señaló.
La denuncia penal
Por su parte, la Dra. Josefina Roldán indicó que la presentación realizada ante la Fiscalía busca que se investigue, en una primera etapa, el presunto delito de administración fraudulenta, aunque aclaró que la calificación definitiva dependerá del Ministerio Público de la Acusación.
“Denunciamos en un primer momento el delito de administración fraudulenta. Todas las apreciaciones son preliminares porque es la Fiscalía quien determina cuál es el delito adecuado”, explicó.
En esta línea, sostuvo que, a lo largo de los años, la empresa habría modificado sustancialmente el sistema con el que captó a los ahorristas y recordó que en 2018 se alcanzó un acuerdo judicial que limitó la actualización de las cuotas.
Además, cuestionó el ofrecimiento de nuevos desarrollos inmobiliarios a quienes esperaban la entrega de departamentos.
“En un primer momento le prometieron un departamento en zona centro. Ahora están prometiendo un pedazo de tierra sin urbanizar. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta”, manifestó.
¿Qué delitos buscan que se investiguen?
Consultados sobre la estrategia judicial, ambos abogados remarcaron que la denuncia no implica una acusación definitiva, sino el pedido para que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos.
Roldán precisó que actualmente evalúan distintas figuras penales.
“Estamos evaluando en primer lugar la administración fraudulenta y, en el caso puntual del denunciante, también la tentativa de estafa sobre los ofrecimientos hacia Cinco Lagos”, indicó.
En el mismo sentido, Sirio insistió en que uno de los aspectos centrales de la investigación será determinar si la empresa continuó administrando fondos mediante una modalidad que ya había sido objetada por los organismos de control.
“No estoy diciendo que sean estafadores, pero sí que se investigue. Está la resolución donde les dijeron que no podían contratar y, sin embargo, siguieron contratando y no comunicaron nada”, concluyó.
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