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Opinión

Envejecer no debería ser un castigo

Jubilaciones que no alcanzan, cuotas de medicina prepaga cada vez más difíciles de pagar y una cobertura pública que no siempre responde a tiempo. Para miles de argentinos, llegar a la vejez se convirtió en una carrera de obstáculos. El problema excede los ingresos: pone en discusión qué lugar ocupa una sociedad para quienes ya hicieron buena parte del camino.

jubilados

Hay una contradicción que la Argentina todavía no termina de resolver: mientras la expectativa de vida aumenta, envejecer se vuelve cada vez más difícil para una parte importante de la población. Después de décadas de trabajo, aportes y responsabilidades, miles de personas llegan a la jubilación sin la tranquilidad que debería acompañar esa etapa. En lugar de disfrutar del tiempo ganado, deben aprender a administrar privaciones.

No es un problema menor ni limitado a un sector. Según el Censo 2022, el 16,2% de la población argentina tiene 60 años o más. Más de una de cada seis personas atraviesa esa etapa de la vida. El envejecimiento de la población es una transformación demográfica que obliga a revisar prioridades, presupuestos y políticas públicas. No alcanza con reconocer que vivimos más años: hay que preguntarse en qué condiciones los vivimos.

La jubilación, que debería representar la posibilidad de descansar después de una vida laboral, se transformó para muchos en una nueva preocupación. En noviembre de 2026, el haber mínimo es de $444.158,46. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso llega a $514.158,46. Pero ese refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024 y perdió buena parte de su capacidad de compra. No es un detalle administrativo: es una suma que no acompaña el aumento del costo de vida y que condiciona cada vez más la economía de quienes dependen de ella.

Detrás de esas cifras hay personas que deben decidir qué gasto postergar, qué alimento reemplazar o cuánto pueden destinar a un tratamiento médico. No se trata de grandes consumos ni de aspiraciones extraordinarias: hablamos de necesidades básicas.

Y cuando la discusión llega a la salud, el panorama se vuelve todavía más complejo. Durante los últimos años, los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga pusieron a muchas familias frente a una decisión difícil: pagar una cobertura cada vez más costosa o abandonarla. Para los adultos mayores, que suelen necesitar consultas, controles y tratamientos con mayor frecuencia, sostener una cuota puede resultar directamente imposible. La salida no siempre es elegir otra cobertura: en muchos casos significa resignarse a perder la atención privada y buscar alternativas en un sistema que también tiene sus propias dificultades.

Un relevamiento difundido en agosto de 2026 mostró que el 57,6% de los afiliados a prepagas había bajado de plan o evaluado seriamente hacerlo por el costo. Entre quienes se dieron de baja durante el último año, el 62% quedó sin obra social ni cobertura privada y pasó a depender exclusivamente del sistema público. El estudio no se limita a los jubilados, pero permite dimensionar el proceso de deterioro y el riesgo de quedar sin protección.

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Para quienes tienen PAMI, la respuesta tampoco siempre está garantizada en tiempo y forma. La obra social cuenta con programas de medicamentos y coberturas específicas, pero los afiliados denuncian dificultades para conseguir turnos, demoras en la atención y gastos que deben afrontar de su bolsillo. A eso se suman los reclamos de clínicas y sanatorios por atrasos en los pagos y aranceles que, según los prestadores, quedaron muy por detrás de la inflación. Cuando los establecimientos advierten que no pueden sostener determinadas prestaciones, el problema deja de ser una discusión administrativa: impacta directamente en la atención de los pacientes.

La cobertura de medicamentos también expone esa distancia entre el derecho y la posibilidad concreta de ejercerlo. PAMI mantiene descuentos y programas de gratuidad, pero el acceso al subsidio social para medicamentos ambulatorios está sujeto a requisitos económicos y patrimoniales. Para una persona con ingresos mínimos, tener que realizar trámites, reunir condiciones y afrontar parte del costo de un tratamiento puede convertirse en otra barrera. Nadie debería tener que elegir entre comprar alimentos o sostener una medicación.

Pero sería un error reducir la discusión sobre la vejez al monto de las jubilaciones o a la cobertura sanitaria. Hay otra dimensión, menos visible y difícil de medir, que merece la misma atención: la soledad. Adultos mayores que viven solos, que pasan buena parte del día sin compañía o que dependen de una llamada para sentirse parte de la vida de los demás. Las familias cambiaron, las distancias se hicieron más largas y las obligaciones laborales ocupan buena parte del tiempo. No siempre hay desinterés o abandono deliberado; muchas veces hay una sociedad que no encuentra cómo organizarse para acompañar a quienes necesitan más atención.

La pregunta es inevitable: ¿quién cuida a nuestros mayores cuando ya no pueden valerse completamente por sí mismos? La asistencia domiciliaria, los centros de día, las residencias y los servicios especializados tienen costos que muchas familias no pueden afrontar. En demasiados casos, el cuidado queda librado a la disponibilidad de los hijos, a la ayuda de algún familiar o a la capacidad económica de cada hogar. Es una respuesta desigual para una necesidad que no debería depender de la suerte de cada persona.

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Argentina necesita discutir una política integral de envejecimiento. No alcanza con revisar periódicamente los haberes previsionales ni con multiplicar programas de asistencia. También hacen falta sistemas de cuidado accesibles, atención sanitaria sostenida, coberturas que funcionen, espacios de participación y herramientas para preservar la autonomía. El desafío no consiste solamente en prolongar la vida, sino en garantizar que esos años puedan vivirse con derechos.

También es necesario revisar una mirada cultural que suele asociar la vejez con la improductividad. Como si al terminar la vida laboral una persona perdiera automáticamente relevancia. Los adultos mayores no son una carga ni un problema presupuestario: son parte de la comunidad, tienen derechos, proyectos, conocimientos y experiencias que merecen ser escuchados.

Hay una razón adicional para no mirar este problema como una cuestión ajena: la vejez no es el destino de otros. Es una posibilidad que nos alcanza a todos. Los jóvenes de hoy serán los adultos mayores de mañana y vivirán en la sociedad que estamos construyendo ahora. Por eso, discutir jubilaciones, salud y cuidados no es solamente defender a una generación; es pensar qué futuro queremos para nosotros mismos.

Quienes hoy envejecen trabajaron, criaron hijos, sostuvieron hogares y atravesaron crisis que marcaron la historia del país. No todos tuvieron las mismas oportunidades ni llegaron a esta etapa en iguales condiciones. Pero hay un piso de derechos que debería estar garantizado para todos.

Una sociedad no se mide únicamente por su capacidad de crecer, producir o equilibrar sus cuentas. También se mide por cómo trata a quienes necesitan más protección y por la posibilidad que ofrece de transitar cada etapa de la vida sin perder derechos.

Envejecer es parte de la condición humana. Tener que elegir entre comer, curarse o pagar una cobertura médica no debería serlo. Después de toda una vida de esfuerzo, la vejez no puede convertirse en una condena a la incertidumbre.

Envejecer no debería ser un castigo. Debería ser el derecho a vivir con dignidad, sin que los años se conviertan en una desventaja.

Autor

  • Germán Dellamónica

    Periodista. Director periodístico de LT9. Conductor de Amanecer no es poco, de lunes a viernes de 06:00 a 09:00.

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