Una vivienda ubicada en barrio Candioti Norte, en la ciudad de Santa Fe, quedó en el centro de una investigación judicial por una presunta maniobra de fraude inmobiliario. Un hombre de 53 años habría ocupado ilegalmente la propiedad y luego la habría ofrecido en alquiler a través de Facebook, con el objetivo de obtener dinero de personas interesadas en convertirse en inquilinas.
La causa tomó un nuevo rumbo cuando el propietario legítimo del inmueble denunció que el acusado había ocupado su casa. Hasta ese momento, la investigación se concentraba en las denuncias de personas que aseguraban haber entregado dinero para alquilar una propiedad que nunca pudieron ocupar.
El inmueble está situado sobre calle Güemes al 4600, en una zona cercana al límite entre Candioti Norte y Sargento Cabral.
Siete personas habrían sido víctimas de los engaños
De acuerdo con la acusación fiscal, el sospechoso habría utilizado una misma modalidad para captar a quienes buscaban una vivienda. Publicaba avisos en redes sociales, se presentaba como propietario o administrador del inmueble, acordaba condiciones de alquiler y recibía pagos por adelantado.
Sin embargo, cuando llegaba el momento de entregar las llaves, dejaba de responder los mensajes y no devolvía el dinero.
Uno de los episodios investigados ocurrió el 5 de enero. Según la reconstrucción de los hechos, un hombre interesado en alquilar la casa se comunicó con el acusado, quien le pidió $50.000 para cubrir gastos. Tres días después, ambos habrían firmado un contrato por un alquiler de $700.000. Luego, el supuesto responsable cortó el contacto y se quedó con el dinero.
La Fiscalía sostiene que el mismo procedimiento se repitió con otras seis personas, que también habrían entregado distintas sumas bajo la promesa de acceder a la vivienda.
El último caso incluyó pagos por $640.000
Entre los episodios incorporados a la investigación figura una operación realizada el 21 de julio. En esa oportunidad, una mujer se habría contactado con el acusado para alquilar la propiedad.
Según la acusación, la interesada entregó $350.000 como seña, transfirió otros $100.000 y, dos días después, pagó $190.000 en efectivo. Tras recibir los pagos, el hombre habría dejado de atender sus llamadas y no habría concretado el alquiler.
En total, la mujer habría desembolsado $640.000 por una vivienda a la que no pudo acceder.
Los investigadores buscan establecer el alcance de las maniobras denunciadas y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Un allanamiento permitió detener al sospechoso
La investigación avanzó a partir de las denuncias presentadas por las personas afectadas. Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un procedimiento en el inmueble de calle Güemes al 4600 el 8 de octubre y detuvieron al hombre señalado en la causa.
Posteriormente, el propietario legítimo de la vivienda se presentó ante la Fiscalía y denunció la ocupación ilegal del inmueble. Este nuevo elemento amplió la investigación y dio lugar a la acusación por dos delitos: estafas y usurpación.
El fiscal Guillermo Persello impulsó las actuaciones judiciales. El acusado, identificado como Gabriel Eduardo M., fue trasladado a los tribunales de Santa Fe, donde compareció en una audiencia ante el juez penal José Luis García Troiano.
La Justicia definirá si continúa detenido
Tras la imputación, quedó pendiente la resolución sobre la situación procesal del sospechoso. La Oficina de Gestión Judicial deberá establecer la fecha y el horario de la audiencia en la que se analizará si corresponde dictarle prisión preventiva o permitirle continuar el proceso bajo medidas alternativas.
La causa también tiene un antecedente relevante: según la información incorporada a la investigación, el hombre se encontraba en libertad condicional al momento de los hechos, luego de haber recibido una condena en otro expediente judicial.
Mientras avanza el proceso, la Justicia deberá evaluar las pruebas reunidas, las denuncias de los presuntos damnificados y la situación del propietario de la vivienda. El acusado mantiene su condición de imputado y su responsabilidad penal deberá determinarse en el marco de la causa.
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