La Cámara de Diputados dio media sanción a una reforma que actualiza y amplía el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias. La iniciativa, acordada entre distintos bloques y el Poder Ejecutivo, busca mejorar los controles y establecer consecuencias concretas para quienes no cumplen con el pago de la cuota alimentaria.
“Reconocer judicialmente un derecho alimentario no tiene sentido si después no se cumple en forma efectiva y a tiempo”, sostuvo la diputada socialista Lionella Cattalini al defender la propuesta en el recinto. La legisladora recordó que, según datos de UNICEF, el 56% de las mujeres que no conviven con los padres de sus hijos no recibe la cuota alimentaria y el 68% la recibe de manera irregular.
La reforma actualiza el registro que ya existe en Santa Fe, pero que ahora pasará a depender del Poder Ejecutivo. A través de un sistema digital, gratuito e interoperable, reunirá datos sobre las personas que tienen obligaciones alimentarias y permitirá conocer si cumplen con ellas. También tendrá una sección específica para quienes sean declarados morosos, con el objetivo de que la Justicia y los organismos públicos cuenten con información actualizada sin que las familias deban recorrer oficinas para conseguirla.
Quienes sean registrados como deudores morosos podrán enfrentar distintas restricciones, entre ellas, no ser candidatos a cargos electivos, no cobrar premios de juegos de azar y tener limitaciones para ingresar a estadios de fútbol de primera división. La reforma también prevé otras consecuencias vinculadas con trámites y beneficios públicos.
“Estamos hablando de deudas que no son como cualquier otra. Detrás de cada cuota que no se paga hay derechos que quedan sin cubrir: la vivienda, el transporte, la educación o algo tan básico como unas zapatillas”, señaló Cattalini.
La legisladora destacó que la propuesta surgió de un trabajo conjunto que reunió iniciativas de distintos bloques, con aportes del Poder Ejecutivo. “La obligación alimentaria no es un chiste. No podemos dejar solas a las familias, que muchas veces tienen que averiguar por su cuenta dónde trabaja una persona o cuánto gana para conseguir que sus hijos reciban lo que les corresponde”, afirmó.
“Esto es un avance importante para garantizar los derechos de niñas y niños, y también para que las familias tengan respuestas. La cuota alimentaria no es una ayuda ni una concesión: es un derecho y una obligación que se tiene que cumplir”, concluyó Cattalini.
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