ROSARIO. Los abogados penalistas Josefina Roldán y Fernando Sirio brindaron detalles sobre una denuncia presentada en mayo ante la Fiscalía N.º 2 de Rosario, en la que solicitaron investigar presuntas irregularidades vinculadas con la operatoria de Bauen Pilay. La presentación, según explicaron, corresponde a un caso particular, aunque sostienen que forma parte de una problemática que alcanzaría a miles de damnificados.
Durante su participación en Versión Noticias, programa emitido por Vorly Streaming, ambos letrados explicaron que uno de los principales ejes de la denuncia está relacionado con resoluciones administrativas y judiciales que, a su criterio, marcaron un límite para la actividad que desarrollaba la empresa.
La resolución de la Inspección General de Justicia
Fernando Sirio recordó que en 2003 la Inspección General de Justicia dictó la Resolución 1459, mediante la cual dispuso el cese inmediato de determinadas operaciones que la empresa realizaba en todo el país.
“Ellos recurrieron esa resolución y siguieron usufructuando del efecto suspensivo del recurso. Lo interpretaron como una habilitación para continuar celebrando contratos de la misma manera. No pensaron en la gente”, afirmó.
El abogado sostuvo además que, desde su interpretación jurídica, no se trató solamente de un incumplimiento contractual.
“No hubo solamente un incumplimiento de Bauen; hubo un incumplimiento de la ley. Estaban fuera del control del Estado y esos contratos no podían realizarse con inmuebles. Sin embargo, continuaron comercializando”, expresó.
Un silencio que significa mucho
Otro de los aspectos mencionados por Sirio fue el supuesto ocultamiento de información a los clientes.
“La figura del silencio, desarrollada por la doctrina alemana, también puede configurar una estafa. Entendemos seriamente que hubo información que se omitió comunicar y que eso representó un ocultamiento para los consumidores”, sostuvo.
Asimismo, indicó que en 2011 la Cámara Nacional habría otorgado un plazo para adecuar la operatoria de la empresa, aunque —según afirmó— continuaron celebrándose nuevos contratos.
La denuncia presentada en Rosario
Por su parte, Josefina Roldán explicó que el 26 de mayo presentaron una denuncia para poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación.
“Solicitamos que la Fiscalía N.º 2 investigue. Inicialmente planteamos la posible existencia del delito de administración fraudulenta, pero durante el análisis advertimos otros hechos que podrían estar conectados”, señaló.
La abogada sostuvo que la situación actual sería el resultado de un proceso iniciado durante la década de 1990.
Cuestionamientos al cambio de estrategia empresarial
Roldán también hizo referencia a declaraciones atribuidas al actual CEO de Bauen Pilay, quien habría manifestado un cambio en la estrategia comercial de la empresa hacia desarrollos alejados de los centros urbanos.
Según la letrada, esa orientación sería incompatible con compromisos asumidos previamente con numerosos suscriptores cuyos contratos aún permanecen pendientes de resolución.
Miles de posibles damnificados
Los abogados estimaron que solamente en Rosario podría haber alrededor de 6.000 personas afectadas, una cifra similar a la que existiría en la ciudad de Santa Fe. No obstante, aclararon que no existen datos oficiales precisos.
En ese sentido, señalaron que el Concejo Municipal impulsó una resolución para relevar información sobre la cantidad de damnificados.
Para Roldán, el acceso a la información resulta un elemento central para que los consumidores puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa y conocer el estado de sus contratos.
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