Diez integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) enfrentan una imputación por el operativo que realizaron el 27 de mayo de 2024 en barrio Casiano Casas, en Rosario, donde un hombre de 42 años sufrió gravísimas quemaduras luego de que un agente lo rociara con alcohol y lo prendiera fuego mientras permanecía reducido dentro de una vivienda.
Tras una extensa audiencia realizada este martes, el juez Rafael Coria formalizó la imputación impulsada por el fiscal Pablo Socca y ordenó la prisión preventiva para los diez acusados. Nueve permanecerán alojados en unidades penitenciarias, mientras que la oficial María Eugenia Núñez cumplirá prisión domiciliaria por ser madre de un niño menor de edad.
La investigación identifica al suboficial David Zeballos como el principal responsable del ataque. Según la Fiscalía, el efectivo tomó una botella de alcohol etílico, la vació sobre la cabeza y el rostro de Raúl Andrés Acosta y luego lo prendió fuego con un encendedor cuando la víctima ya no tenía posibilidad de defenderse.
Acosta sufrió quemaduras en el rostro, el cuello, las orejas, el tórax y las manos. Permaneció 40 días internado en terapia intensiva, los médicos lo intubaron y le practicaron una traqueostomía. Las lesiones le dejaron secuelas permanentes, entre ellas la pérdida de la voz y severas dificultades respiratorias.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Acosta recorrió distintos ambientes de la vivienda mientras intentaba apagar las llamas. Finalmente, llegó al baño y utilizó agua mezclada con orina del inodoro para extinguir el fuego. Después, le preguntó al policía acusado: “¿Por qué me hiciste esto?”.
Encubrimiento, amenazas y una versión oficial cuestionada
Durante más de un año, la Policía sostuvo que las quemaduras habían sido consecuencia de un accidente provocado por la propia víctima, quien supuestamente intentó incendiar una mochila que contenía droga.
Sin embargo, la investigación judicial descartó esa hipótesis. Una pericia de Bomberos Zapadores determinó que la mochila secuestrada estaba intacta y no presentaba signos compatibles con una combustión.
Para el fiscal Socca, esa prueba resultó clave para demostrar que los agentes falsearon el procedimiento y montaron una maniobra destinada a garantizar la impunidad de los responsables.
La acusación también señala a otros cinco efectivos por colaborar en el operativo, asegurar el perímetro e impedir cualquier intento de auxilio a la víctima. Por ese motivo, la Fiscalía los imputó como partícipes primarios de una tentativa de homicidio triplemente agravada por ensañamiento, alevosía y abuso de la función policial.
Además, incorporó amenazas contra tres personas detenidas que presenciaron el procedimiento. Según la acusación, dos policías les ordenaron sostener la versión del accidente y los intimidaron al asegurarles que conocían sus domicilios.
La causa también involucra a otros cuatro efectivos por no denunciar lo ocurrido pese a que tomaron conocimiento de los hechos a través de conversaciones mantenidas en un grupo de WhatsApp de la fuerza.
A dos años del operativo, la investigación judicial pone bajo sospecha no sólo el brutal ataque que dejó secuelas irreversibles en la víctima, sino también la legalidad y la transparencia de todo el procedimiento policial, cuya versión oficial quedó desacreditada por las pruebas reunidas por la Fiscalía.
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