La Cámara de Diputados aprobó hace unos días y dio media sanción al proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para los funcionarios públicos sobre la violencia contra niños y adolescentes que ahora deberá aprobarse en el Senado.
La denominada “Ley Lucio”, que establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que entren en contacto con niños y adolescentes y así poder notar si los mismos son víctimas de abusos o agresiones, fue aprobada en la Cámara de Diputados por unanimidad absoluta y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto, presentado por el edil pampeano Martín Maquieyra, fue aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad absoluta (contó con 228 votos a favor y ninguno en contra).
El proyecto establece las siguientes tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes:
- Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación con la niñez: se trata de detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza;
- Reserva de identidad: se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia;
- Campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales: la ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Por qué se sanciona la Ley Lucio
El origen del proyecto está inspirado en la trágica muerte de Lucio Dupuy, un nene de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, en noviembre de 2021 en La Pampa. Lucio murió el 26 de noviembre como consecuencia de una golpiza de la que fue víctima dentro de la vivienda en la que residía junto a su madre, de 24 años, y su pareja, de 27. Ambas quedaron detenidas inmediatamente luego del hecho.
Tras su muerte, se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. No obstante, no había denuncias de ningún profesional sobre los golpes que presentaba, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
