El caso de Manuel Adorni dejó de ser una discusión individual para transformarse en un problema político que el propio Gobierno no logra cerrar. Y lo más llamativo es que las explicaciones no terminan de convencer ni siquiera aceptándolas como verdaderas.
Hay algo que no cierra por ningún lado.
Supongamos por un momento que Adorni dice la verdad y que efectivamente hizo ese dinero operando con criptomonedas antes de 2018. Aun en ese escenario aparecen preguntas difíciles de responder.
La primera es tributaria. Si esos ingresos corresponden a 2018, una eventual evasión del Impuesto a las Ganancias ya estaría prescripta. Pasaron más de cinco ejercicios fiscales y, jurídicamente, esa discusión ya no existiría. En todo caso, solamente correspondería el pago de Bienes Personales.
Pero el problema no termina ahí. De hecho, ahí recién empieza.
Las contradicciones que persisten
En 2024 hubo un blanqueo de capitales impulsado por este mismo Gobierno. Un blanqueo exitoso y necesario en un país donde una parte importante de la economía funciona en la informalidad.
La pregunta es muy sencilla: si Adorni ya era funcionario y formaba parte de una administración en la que confiaba, ¿por qué no blanqueó esos fondos en ese momento?
No hay una respuesta convincente.
Durante años, muchos justificaron la evasión argumentando que no confiaban en gobiernos anteriores. Se podrá estar de acuerdo o no con ese razonamiento, pero en este caso ni siquiera aplica. En 2024 gobernaba Javier Milei y Adorni era parte de ese proyecto político.
Por eso, aun creyéndole, la explicación no termina de sostenerse.
Más allá de cualquier discusión ideológica, hay un principio básico que no admite interpretaciones: los impuestos hay que pagarlos. Después se podrá debatir si son altos, bajos, injustos o excesivos, pero deben pagarse.
La economía quedó en segundo plano
Hay, además, un problema político que el Gobierno parece no querer ver. Toda la agenda económica quedó desplazada.
Hoy deberían ocupar el centro de la discusión la inflación, el dólar, el riesgo país, la actividad industrial, el consumo, la balanza comercial y la evolución de distintos sectores productivos. Sin embargo, toda la atención pública sigue concentrada en Adorni.
Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque el Gobierno decidió sostener esta situación.
La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué?
Porque tampoco estamos hablando de un funcionario imprescindible. La Argentina ha prescindido de figuras mucho más importantes dentro de distintos gobiernos y las gestiones continuaron funcionando.
En democracia, los gobiernos y las instituciones siempre están por encima de las personas.
Los próximos días serán claves. No solamente por la evolución de este caso, sino también porque el Congreso deberá debatir proyectos importantes y porque la economía ofrecerá nuevos indicadores que permitirán evaluar el rumbo de la gestión.
El interrogante es si el Gobierno logrará recuperar la agenda o si el caso Adorni seguirá condicionando el debate público.
Porque, a esta altura, ya no se trata solamente de Adorni. Se trata del costo político que implica para el Gobierno sostener una polémica que, por decisión propia, terminó convirtiéndose en un problema de mayor dimensión.
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