La actividad parlamentaria volverá este lunes a la Cámara de Diputados con la conformación de cinco comisiones convocadas por el oficialismo. Desde media mañana, los legisladores se reunirán en el Anexo para definir autoridades y poner en marcha los debates en Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación Penal, Legislación del Trabajo y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
La comisión de Presupuesto concentra la mayor atención, ya que el proyecto cuenta con antecedentes de discusión. Según fuentes del bloque libertario, la intención es aprobarlo en un plazo de 12 días hábiles. El cronograma diseñado prevé debatir martes y miércoles, emitir dictamen el miércoles y llevar el texto al recinto el jueves para obtener la media sanción.
“Tiene que llegar al Senado el lunes 22 para que lo puedan aprobar el 29 o 30 de diciembre”, explicó un diputado oficialista, quien se mostró confiado respecto de reunir las firmas y los votos necesarios, incluso recordando que ya lograron dictaminar cuando eran minoría.
Desde la oposición aseguran que buscan que haya ley de gastos el próximo año, aunque marcan diferencias de fondo con la iniciativa del Ejecutivo. El peronismo anticipó un dictamen propio al considerar que el texto implica un esquema de “ajuste”.
En tanto, el espacio Unidos definió avanzar con una propuesta alternativa basada en el proyecto presentado anteriormente por Nicolás Massot, de Encuentro Federal. Allí se planteaba la aplicación de leyes ya sancionadas por el Congreso y no ejecutadas por el Gobierno, como las vinculadas a Emergencia en Discapacidad, Garrahan y financiamiento universitario. Según Massot, su esquema permitiría un superávit del 0,9%, con cumplimiento de las normas vigentes y financiamiento a través de rentas generales.
En paralelo, La Libertad Avanza buscará avanzar en otras comisiones y no descarta la conformación de plenarios para tratar la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, un proyecto que genera fuerte rechazo opositor. La iniciativa establece que toda norma que implique nuevos gastos solo podrá aplicarse cuando estén previstas las partidas correspondientes en el presupuesto siguiente.
El mayor conflicto se centra en el artículo 10, que propone modificar el Código Penal y prevé penas de prisión e inhabilitación para funcionarios que autoricen gastos sin respaldo de recursos. Legisladores opositores advierten que la norma restringe la facultad del Congreso para impulsar leyes que modifiquen el gasto público y alertan sobre un avance del Ejecutivo sobre las atribuciones parlamentarias.
Para que este proyecto avance, deberá tratarse en Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, una alternativa que ya se analiza en el despacho del presidente de la Cámara.
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