A un año y medio de una de las mayores crisis sanitarias de los últimos tiempos, provocada por la distribución de fentanilo adulterado, los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado continúan reclamando avances en la investigación judicial y cambios urgentes en el sistema de salud.
En una carta abierta dirigida a las autoridades, legisladores, medios de comunicación y a la sociedad, la Comunidad de Familias Víctimas de Fentanilo de Rosario advirtió que “la respuesta institucional no puede limitarse al ámbito de la Justicia” y reclamó medidas concretas para prevenir nuevas tragedias.
En diálogo con Está pasando, Antonela Pigini, integrante del colectivo de familiares de víctimas de Rosario, cuestionó la falta de respuestas de las autoridades. Además, reclamó la sanción de una ley de trazabilidad de medicamentos y la plena implementación de la Ley Nicolás.
“Estamos a un año y medio y no cambió nada en el sistema de salud”, sostuvo Pigini. La integrante del colectivo remarcó que Santa Fe fue una de las provincias más afectadas por la aplicación de fentanilo adulterado.
En ese sentido, cuestionó que todavía no exista una ley de trazabilidad de medicamentos que permita seguir el recorrido de un fármaco desde que sale del laboratorio hasta que llega al paciente.
Reclaman una trazabilidad completa de los medicamentos
Pigini señaló que una normativa de este tipo podría haber permitido detectar antes los lotes adulterados y retirarlos del mercado. Según explicó, el fentanilo contaminado correspondía a dos lotes que fueron distribuidos pese a la existencia de alertas previas.
“Si hubiéramos tenido la ley de trazabilidad, primero se hubiera sabido de antemano que el lote estaba contaminado y quizás no hubiera habido tantas muertes”, afirmó.
Además, cuestionó la responsabilidad de los organismos de control. Según la información que manejan los familiares, existieron 118 alertas relacionadas con el laboratorio, que continuó funcionando y liberó los medicamentos al mercado.
La integrante del colectivo también denunció dificultades para acceder a las historias clínicas de las personas fallecidas. Según explicó, algunos registros estaban incompletos o incluso escritos a mano.
Esta situación, advirtió, dificulta establecer con precisión qué medicamentos recibieron los pacientes y determinar si fueron afectados por el fentanilo adulterado.
“Nos sentimos abandonados por parte del Estado”
Respecto de la investigación judicial, Pigini indicó que en Santa Fe se contabilizan alrededor de 59 víctimas. A nivel nacional, en tanto, la cifra de fallecidos podría superar las 200, aunque la investigación continúa.
También cuestionó la falta de continuidad de la comisión investigadora que se había conformado el año pasado y reclamó respuestas de las autoridades sanitarias.
“Nos sentimos abandonados por parte del Estado”, expresó.
En ese marco, pidió que la Legislatura avance con la sanción de una ley de trazabilidad de medicamentos y con la implementación plena de la Ley Nicolás, que ya cuenta con media sanción en Santa Fe.
Pigini sostuvo que la normativa permitiría mejorar la seguridad de los pacientes y brindar mayores herramientas a los profesionales de la salud.
“No se entiende por qué le dan tanta vuelta a cosas que son simples”, cuestionó.
Sobre el futuro de la causa, señaló que esperan que las primeras actuaciones puedan ser elevadas a juicio hacia fin de año. Sin embargo, advirtió que todavía hay historias clínicas pendientes de peritaje.
“Un juicio no nos va a devolver a nuestro familiar. Lo que esperamos es que el sistema de salud cambie, que hagan algo y no sigan esperando”, concluyó.
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