Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) expresaron su preocupación por algunos proyectos presentados en el marco de la Convención Constituyente que impulsa la reforma de la Constitución santafesina. Según alertaron, varias de las iniciativas representan un retroceso en términos de independencia y equilibrio institucional dentro del sistema de justicia.
Viviana O’Connell, titular de la asociación, cuestionó que algunos de los modelos propuestos otorgan al poder político una posición dominante tanto en la selección como en el control disciplinario de jueces, fiscales y defensores. “Se está rompiendo el equilibrio necesario para garantizar que estos órganos actúen con autonomía y sin presiones externas”, sostuvo en declaraciones radiales.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la conformación del tribunal de enjuiciamiento, que podría quedar bajo mayoría política si prosperan las modificaciones planteadas. O’Connell señaló que en ciertos esquemas debatidos se contempla la integración del jury con tres diputados, tres senadores, un representante del Ejecutivo y apenas un fiscal. “Ese desequilibrio atenta directamente contra los principios constitucionales de imparcialidad y debido proceso”, advirtió.
La fiscal recordó que, tras la reforma de la ley 13.013 en 2017, la Legislatura se adjudicó la facultad de sancionar y remover fiscales, lo que luego fue declarado inconstitucional. Sin embargo, denunció que esa potestad sigue vigente bajo otros mecanismos. “Lo que se hizo fue maquillar la norma: el poder político sigue teniendo la última palabra en los procesos disciplinarios”, afirmó.
Desde la Asociación sostienen que el sistema actual permite que un diputado acuse a un fiscal, limite su acceso a la prueba y luego vote en su contra como juez, sin garantizar un proceso justo ni instancias reales de defensa. “El fiscal ni siquiera es escuchado por la Legislatura; lo hace una comisión que ya tiene el veredicto anticipado”, agregó O’Connell.
En contraposición, la dirigente remarcó que la ley original 13.013 contemplaba un mecanismo más equilibrado, con un legislador por cámara y un representante del Colegio de Abogados, asegurando pluralidad en las decisiones.
A modo de advertencia, la asociación elevó informes a la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al propio Estado argentino. El objetivo es que se exhorte a los convencionales a respetar los compromisos internacionales en materia de justicia e independencia judicial.
