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El Gobierno aplicará fuertes descuentos sobre la pensión que volverá a cobrar Cristina Kirchner

La ANSES acatará una medida cautelar de la Justicia. La exmandataria recuperará de manera provisoria un beneficio previsional. La Casa Rosada confirmó que realizará quitas mensuales sobre el haber.

El Gobierno nacional resolvió aplicar dos descuentos sobre la pensión que volverá a percibir Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informara que cumplirá con la medida cautelar que ordenó restablecer de forma provisoria uno de sus beneficios previsionales.

De acuerdo con lo informado por el organismo, la expresidenta comenzará a cobrar desde agosto un haber mensual bruto de 15.683.154,06 pesos. Sin embargo, el monto será reducido por decisión del Ejecutivo, que confirmó la aplicación de deducciones respaldadas por una resolución judicial.

Una de las medidas consiste en eliminar el adicional por zona austral que percibía la exmandataria. Desde el Gobierno argumentaron que ese concepto ya no corresponde porque Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no reside en la región patagónica.

A su vez, la ANSES descontará 3.136.630,81 pesos por mes hasta completar un total de 660.052.338,87 pesos, cifra que el Estado considera fue percibida de manera indebida durante los últimos años.

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner cobraba dos beneficios contemplados en la Ley 24.018: una asignación por haber ejercido la Presidencia de la Nación y una pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Ambos pagos fueron suspendidos tras la condena firme en la causa Vialidad.

Si bien la ANSES acatará la cautelar dictada por la Justicia, el organismo ratificó que mantiene vigente el recurso presentado ante la Corte Suprema para intentar revertir esa resolución. La postura oficial sostiene que una persona condenada por delitos contra la administración pública no debería acceder a un régimen previsional de privilegio.

En la misma línea, el Ministerio de Capital Humano continúa impulsando la apelación ante el máximo tribunal. El Ejecutivo argumenta que la Ley 24.018 establece estos beneficios como un reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño en el ejercicio del cargo, condiciones que, según entiende, resultan incompatibles con una condena firme por corrupción.

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