El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) oficializó este lunes una profunda desregulación en el sector vitivinícola. Mediante la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo derogó 973 normas que regían la producción, comercialización y exportación de vinos en el país, lo que representa la eliminación de cerca del 80% de las disposiciones vigentes.
La medida, elaborada junto con la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, reducirá en aproximadamente 5.000 las inspecciones presenciales que se realizaban cada año. Además, elimina la obligación de presentar declaraciones juradas semanales, permisos de tránsito y sanciones por demoras administrativas.
¿Cuáles son la modificaciones?
Uno de los cambios más significativos es que las certificaciones de origen, añada (año de cosecha) y varietal pasarán a ser optativas, aunque continuarán siendo obligatorias en el caso de exportaciones que así lo requieran los países compradores.
El presidente del INV, Carlos Tizio, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentaron la iniciativa como parte del plan de “modernización del Estado”.
“La Resolución 37/2025 deja atrás décadas de burocracia absurda en el sector vitivinícola”, expresó Sturzenegger, quien aseguró que el nuevo esquema se centrará en controles finales en lugar de inspecciones durante la producción. “Menos burocracia significa menos oportunidades para la corrupción”, sostuvo.
Sin embargo, la decisión generó desconcierto entre representantes de bodegas y productores, que se preguntan cómo se garantizará la calidad y seguridad de los vinos sin una supervisión regular.
El recuerdo de tragedias pasadas también reapareció en el debate. En 1993, la adulteración con alcohol metílico de dos marcas de vino blanco en damajuana provocó 29 muertes y decenas de afectados en distintas provincias. El hecho derivó en la clausura de la bodega responsable y en la intervención del INV, que en ese entonces era el organismo encargado de fiscalizar la actividad.
A más de tres décadas de aquel episodio, la desregulación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿puede garantizarse la calidad del vino argentino con menos controles estatales?
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