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La Fiscal María Laura Martínez, demandó a dueños de tierras por los incendios en las islas

María Laura Martínez, fiscal de responsabilidad extracontractual, inició este jueves una serie de demandas contra propietarios rosarinos de islas del Delta del Paraná que se incendiaron.

Es la misma fiscal que en el 2020, solicitó asegurar pruebas que puedan ser de utilidad en la causa por la quema de los humedales del Delta superior del rio Paraná. y que la jueza autorizó tienen por fin recabar información de la Dirección General de Catastro de Entre Ríos, de la Municipalidad de Victoria y de la de Granadero Baigorria “para determinar cuáles son los inmuebles que integran el territorio insular del departamento de Victoria y sus titulares registrales”, fundamentó su pedido en que “en un Estado federal, la conservación, cuidado y reparación del ambiente supone una problemática cuyo abordaje reclama decisiones descentralizadas y multijurisdiccionales” y que, en este caso, “la propiedad del territorio insular corresponde a personas privadas, muchas de ellas domiciliadas en esta ciudad de Rosario; por lo tanto, este tribunal reviste competencia territorial”.

Según justificó en la demanda, la fiscal entiende que hay responsabilidad de los dueños en la generación de daños indirectos, como por ejemplo, las afecciones que el humo genera en la salud e la población.

El escrito fue presentado ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2. En todos los casos se trata de personas -físicas o jurídicas- con domicilio en Rosario, que resultan titulares registrales, poseedores, tenedores o propietarios dominiales de inmuebles en zona de islas (departamentos de Victoria y Gualeguay, de Entre Ríos), en los que se registraron quemas entre 2020 y 2022. El cruce de datos fue posible gracias a una serie de medidas de aseguramiento de pruebas que la Fiscalía viene realizando desde hace dos años, en donde se pidieron oficios a diversas dependencias oficiales, como Catastro de Entre Ríos y el Juzgado Federal de Victoria, entre otras.

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Por último, Martínez destacó que el bien jurídico protegido no sólo es el medioambiente sino la vida, salud y seguridad de las personas que se ven afectadas por los incendios.

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