El Gobierno nacional dio marcha atrás, al menos de manera transitoria, con la implementación del decreto que reformaba el régimen de practicaje y pilotaje en los puertos argentinos. La decisión permitió desactivar el conflicto con los prácticos, quienes levantaron la medida de fuerza que mantenía paralizadas las operaciones marítimas desde comienzos de esta semana.
El acuerdo fue anunciado por la Presidencia de la Nación luego de una negociación entre las partes. Como parte del entendimiento, también se pactó una reducción del 20% en las tarifas del servicio mientras continúan las conversaciones para alcanzar una solución definitiva.
Se abre una mesa de diálogo
La suspensión del Decreto 690/2026 permitirá revisar los cambios impulsados por el Ejecutivo, que buscaban desregular la actividad y fomentar una mayor competencia en el sector.
La mesa de trabajo estará integrada por representantes del Gobierno nacional y del sector de practicaje, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos vinculados a la actividad marítima. El objetivo será analizar los aspectos más cuestionados de la reforma y buscar consensos antes de definir los pasos a seguir.
Con el inicio de esa instancia de diálogo, los prácticos retomarán sus tareas habituales y se espera que la operatoria portuaria vuelva progresivamente a la normalidad.
Un paro que afectó a la Hidrovía
La medida de fuerza había provocado un fuerte impacto sobre la logística del comercio exterior. Más de 180 embarcaciones quedaron sin poder ingresar o salir de los puertos argentinos debido a la falta de prácticos, profesionales encargados de asistir a los capitanes durante las maniobras de navegación en zonas complejas.
Desde el complejo agroexportador advirtieron que cada buque inmovilizado representaba pérdidas diarias de entre 50.000 y 100.000 dólares, además de generar demoras en las exportaciones y complicaciones para toda la cadena logística.
Qué proponía el decreto
La normativa suspendida impulsaba una profunda modificación del sistema vigente desde comienzos de la década de 1990. Entre otros cambios, eliminaba restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, habilitaba la libre contratación de prácticos por parte de los usuarios y eliminaba la división obligatoria por tramos de navegación.
El Gobierno defendía la iniciativa al sostener que permitiría reducir costos logísticos, aumentar la competencia y hacer más eficiente el funcionamiento de la Hidrovía y del sistema portuario argentino.
Los cuestionamientos del sector
Las entidades que representan a los prácticos rechazaron la reforma al considerar que podía afectar la seguridad de la navegación. También sostuvieron que el servicio ya funciona bajo un esquema abierto, sin límites para el ingreso de nuevos profesionales, y recordaron que las tarifas son reguladas por el Estado nacional desde 2018.
Con la suspensión del decreto y la apertura de las negociaciones, el conflicto ingresó en una nueva etapa. Mientras el servicio vuelve a operar con normalidad, el futuro del régimen de practicaje dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse en la mesa de diálogo.
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